La jueza rechaza incorporar los expedientes de Ángel Ojeda al caso de la formación

Considera que no es necesario añadir los documentos de los cursos de los ex de Delphi por su «irrelevancia»

La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que se encarga, entre otros, del caso del fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, insiste en su postura de no entregar la documentación requerida por la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el PP-A y en devolverla. Núñez Bolaños ya ordenó a finales de abril a la Guardia Civil devolver al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) cientos de expedientes sin investigar desde finales de 2014 sobre cursos impartidos por el Consorcio Centro para la Formación en Técnicas Industriales CTI, que forma parte del presunto entramado del ex consejero Ángel Ojeda y que, en concreto, afectaría a la formación que recibieron, o no, los ex trabajadores de Delphi. Ahora, la jueza rechaza el recurso de las partes, haciendo suyos los argumentos de la Junta de Andalucía.

La polémica documentación fue solicitada por la jueza Mercedes Alaya y se hallaba en un calabozo de la Jefatura de la Policía Local de San Fernando desde noviembre de 2014. La Guardia Civil pidió en marzo el traslado de la ingente documentación a dependencias judiciales. En abril, la jueza acordó su retirada y devolución «a su procedencia» sin que las partes pudieran acceder a las mismas.

En un auto con fecha de 23 de mayo, al que accedió LA RAZÓN, la jueza desestima el recurso de reforma interpuesto por el PP por la «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento con todas las garantías». La acusación particular que ejerce el PP-A entiende que «toda la documental examinada por la UCO debe unirse a la causa para el examen por las partes y 'analizar y comprobar la pertinencia o no de su unión a la causa'». Núñez Bolaños entiende que «en el presente caso, no se justifica la necesidad de unir una multitud de expedientes que sí han sido examinados por la UCO haciéndose, por los mismos, constar en las actuaciones que carecen de interés a la causa». La jueza –igual que hizo el letrado de la Junta para evitar «la indeseable dilatación» de la Instrucción–, cita un despacho de la Guardia Civil en el que señala que agentes de la UCO «examinaron en detalle aquella documentación y se retiró la que fue considerada de interés y que sirvió de base para la confección del correspondiente atestado». «Según informa la UCO la documentación depositada en el Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando carece de interés para esta causa habiendo sido retirada la que guarda relación o relevancia», añade. Núñez Bolaños «a la vista de este informe» considera «impertinente e irrelevante toda esa documentación y por ende no procede su unión a la causa». «Tampoco resulta necesario, constatada la irrelevancia de la documental depositada, mantener el depósito de la misma a disposición judicial, procediendo a su devolución a origen», añade.

El fiscal, en su escrito de adhesión al recurso, señalaba que según declaraciones de funcionarios de la Junta, «en los expedientes de justificación» de las subvenciones al Consorcio CTI «no hay documentación suficiente para justificar las subvenciones, pues están casi vacíos». El fiscal abogó por incorporar como anexo al menos la documentación que usó la UCO para su atestado.