La Junta, a la espera de que Vallejo pase la minuta para pagar su defensa

Jiménez Barrios asegura que hasta ahora sólo se han sufragado 18.000 euros al abogado de Rivera

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios
El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios

Jiménez Barrios asegura que hasta ahora sólo se han sufragado 18.000 euros al abogado de Rivera

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, aseguró ayer, en respuesta en comisión parlamentaria al PP, que «no hay altos cargos, salvo el ex consejero Vallejo», a los que se prevea pagar el coste de su defensa jurídica por las diferentes imputaciones en casos como el de los ERE, los cursos de formación o Invercaria. Jiménez Barrios informó de que únicamente, hasta la fecha, se han abonado 18.000 euros de la defensa del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, cuya causa política en los ERE fue archivada. Asimismo, el vicepresidente andaluz señaló que «no hay imputados por corrupción política» en la Junta y citó exclusivamente cinco litigios por disparidad de criterios.

La diputada popular Teresa Ruiz-Sillero –que recordó que volvía a preguntar a Jiménez Barrios como cuando el ahora vicepresidente era alcalde y ella concejala en Chiclana (Cádiz), hace casi tres lustros– cuestionó si «se va a instar a revocar el derecho a la defensa de Vallejo», ya que «las condiciones han variado». «Se puede revocar perfectamente», señaló, argumentando que «el letrado de la Junta ya alertó de que sólo tuvo un día para decidir si Vallejo tenía derecho a esa defensa. Y no contaba con toda la información. Este derecho se puede revocar si cambian las circunstancias. Han cambiado: se ha abierto juicio oral y se ha solicitado una fianza de 1,5 millones», recordó. «Han cambiado radicalmente las circunstancias», insistió Ruiz-Sillero.

Jiménez Barrios indicó a la diputada popular que «usted no va a negar el derecho a la defensa de estas personas». «En el caso de Vallejo, es la asesoría jurídica la que tiene que tomar la decisión. La asesoría jurídica marca los criterios de la defensa de los altos cargos», explicó. El caso de Vallejo cuenta «con el informe favorable de los servicios jurídicos». Jiménez Barrios recordó que, visto el archivo de casos como los de la formación en numerosas provincias, «la decisión de la Junta –de sufragar las defensas de los altos cargos imputados al término de los procesos– es acertada». Por otro lado, Jiménez Barrios incidió en que en la Junta «ningún alto cargo está siendo investigado por asuntos de corrupción política». «Sólo hay cinco situaciones que no son de corrupción política: una de pesca, por discrepancia de criterio por una subvención; otras dos de Agricultura de Almería y de recursos hidráulicos; otra, con la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas; y la de la mina de Aznalcóllar, que se ha vuelto a reabrir, de la Dirección General de Minas».

La diputada popular Ana Mestre criticó que es un «tema difícil de asumir y explicar por este Gobierno, por eso buscan eludir el debate». «Sólo con los fraudes de formación, ERE o Invercaria ha habido 600 imputados y en torno a 80 altos cargos. Con los consorcios, más de 87», dijo, citando el «Caso Marismas» o el «Caso Alhambra». «En los últimos tiempos, hay más de 100 altos cargos imputados», cifró el PP. En el caso de la formación, 19 altos cargos y más de 600 imputados, con dos ex consejeros, Antonio Fernández y Manuel Recio. En el «caso de los ERE», 265 imputados, «cuando dijeron que se trataba de tres o cuatro golfos», recordó Mestre. Esta causa «ha llegado a medio centenar de altos cargos y afines del PSOE imputados», entre ellos dos ex presidentes. Mestre también señaló que con el Gobierno de Susana Díaz hay «un goteo constante de denuncias», citando el conflicto con el servicio de ambulancias por el que «el SAS fue condenado a más de 600.000 euros». «Una gestión judicializada no trae nada bueno», espetó el PP.

Jiménez Barrios insistió en que el «caso Aznalcóllar» «no es corrupción política» y habló de «una comparecencia forzada cuando todo el mundo se pregunta si dimite el fiscal anticorrupción». El vicepresidente pidió que «se piense en las personas que han sido imputadas sin motivo», citando a Antonio Ávila o el delegado de Economía de Jaén, casos que «después fueron archivados».