La Junta acelera los cambios para cesar a un alto cargo antes ir al juzgado

El Gobierno andaluz nombró ayer a nueve altos cargos de cuatro consejerías. El resto de estructura intermedia tiene previsto completarlo el próximo martes. Entre los ceses, hay uno esperado, el del anterior viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, al que la juez Mercedes Alaya imputó recientemente por su implicación en la trama de los ERE en su etapa como director general de Presupuestos.

Con este cese, el Ejecutivo autonómico aparta de la primera línea a todos los imputados con responsabilidad pública en el caso que instruye la juez Mercedes Alaya. Hay que recordar que Susana Díaz también ha prescindido en su nuevo Gobierno de los consejeros de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y de Economía y Empleo, Antonio Ávila. Tanto estos dos ex consejeros como el propio Lozano formaban parte del núcleo de más confianza de Griñán, al que también ha dado la juez traslado del caso en un polémico auto en el que se refiere a él «en calidad de imputado».

Llaman la atención los tiempos elegidos por la Junta para acometer estos nombramientos. El discurso oficial apunta que el nuevo Ejecutivo persigue componer cuanto antes toda la estructura de cargos en las consejerías para estar funcionando cuanto antes a pleno rendimiento. Por eso, esta semana ha habido dos Consejos de Gobierno –el miércoles y ayer– en lugar de uno, como es habitual. Sin embargo, se da la circunstancia de que el ex viceconsejero de Presidencia estaba citado el próximo martes para declarar por el «caso de los ERE». Ayer trascendió –no se conocía a la hora del Consejo de Gobierno– que Alaya pospone la declaración al jueves. Lozano llegará, en cualquier caso, al despacho de Alaya despojado de su cargo institucional. Este periódico le preguntó al portavoz del Ejecutivo por la rapidez en el relevo. La respuesta, que «las coincidencias no las hemos buscado. Las coincidencias se producen en otro sitio», aseguró Miguel Ángel Vázquez en referencia a la juez Alaya, que emitió el auto que afecta a Griñán, Chaves y cinco ex consejeros el mismo día que el nuevo Ejecutivo andaluz juraba el cargo.

La juez imputó a Lozano, junto a una veintena de cargos y ex cargos de la Administración, en un auto fechado el pasado 28 de junio. Entre estos cargos figuraban el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez o la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. El auto lo recurrió la Junta esgrimiendo, entre otros argumentos, que la magistrada estaba «subvirtiendo el Estado democrático» al no motivar las imputaciones. Está pendiente que se pronuncie la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción sí salió al paso avalando la decisión de Alaya.

El Gobierno andaluz ha defendido en todo momento a Antonio Lozano, director general de Presupuestos entre 2002 y 2009. El portavoz del Ejecutivo circunscribió ayer el cese a una decisión personal del propio afectado. «En el Consejo de Gobierno –compuesto por PSOE e IU– ha habido palabras unánimes para resaltar la valía, trayectoria y honradez como servidor público de Antonio Lozano y en este portavoz sólo va a encontrar palabras para destacar su persona, que se ha dejado la piel en defensa de Andalucía», deslizó el portavoz del Ejecutivo. El nombre de Antonio Lozano ya había aparecido mediáticamente antes de su imputación. Este periódico publicó que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero aseguró que en 2005, una vez que se conoció el informe de la Intervención que ponía de manifiesto las irregularidades que estaba generando la fórmula de pago de los ERE, entre ellas un desajuste de 38 millones de euros, se produjo una cumbre en la Consejería de Hacienda para abordar el problema, en la que participaron –según su relato– la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez y el propio Antonio Lozano.