La Junta adeuda 72 millones a las empresas de tecnología sanitaria

Andalucía es la tercera región que más facturas pendientes mantiene con el sector

El periodo de pago a estas empresas fuede 58 días

Andalucía es la tercera región que más facturas pendientes mantiene con el sector

Los profesionales y los pacientes no son los únicos que padecen los efectos de la crisis sanitaria de la Junta, cuya gestión en esta materia está ahora más en solfa que nunca. También las empresas de tecnología sanitaria, encargadas de suministrar todo tipo de aparatos a los hospitales y centros de atención primaria, además de material fungible. Según el balance dado a conocer ayer por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Andalucía fue la tercera comunidad autónoma que más facturas pendientes de pago mantenía con el sector a cierre del año pasado. En concreto, la cifra ascendía 72 millones de euros. La región que más debía fue Madrid, con 127 millones, seguida de Valencia, con 112. No obstante, la deuda andaluza se ha reducido ostensiblemente en el último ejercicio, puesto que en diciembre de 2015 el Ejecutivo debía 224 millones de euros.

Precisamente, Fenin se felicita por esta reducción, que se hace extensible a la mayoría de los gobiernos autonómicos. En concreto, la deuda global se situó en 724 millones de euros, «la cifra más baja de los últimos años, que continúa la tendencia de descenso iniciada en 2014». El dato disminuye en más de un 30 por ciento en relación a 2015, año en el que se alcanzaron los 1.085 millones de euros.

En cuanto al periodo de pago, Andalucía se situó por debajo de la media, que fue de 91 días. En concreto, registró 58 días, una cifra que contrasta con Murcia, que fue la comunidad que más demoras mantuvo, alcanzando los 203 días de media. Sin embargo, el registro andaluz supone el doble de los 30 días que obliga la ley a pagar a los proveedores de las administraciones. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un decreto en el que establece el abono de las facturas a proveedores vinculados a la salud, la educación y los servicios sociales en 20 días naturales, «con el fin de proteger a los sectores esenciales del Estado del bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios». La Junta gestiona cada año casi un millón de facturas, más del 80% presentadas telemáticamente.

Fenin apuntó que la puesta en marcha en 2012 de los planes de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), junto con la entrada en vigor de la Ley de Morosidad de las Administraciones Públicas, «han hecho que las autonomías reduzcan el tiempo que tarden en pagar sus facturas». Pese a los pagos pendientes y las demoras, la patronal valoró positivamente la situación y confió en que «la estabilidad política asiente esta línea hasta la definitiva erradicación de la morosidad».