La Junta añade incertidumbre sobre la adjudicación de ayudas públicas

Los dos socios del bipartito mantienen una soterrada pugna por protagonizar las medidas más mediáticas de la Junta. IU, a través de su consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, capitalizó bien el decreto-ley antidesahucios, que contempla la expropiación del uso durante tres años en caso de desalojo y multas para bancos e inmobiliarias que tengan inmuebles vacíos. Visto el recorrido nacional que tuvo la medida, el PSOE se movilizó para ponerle el sello al segundo decreto estrella, el de exclusión social, que garantiza, entre otras medidas, tres comidas a los escolares en riesgo de pobreza. La medida, sin embargo, emanaba de una vieja y constante reclamación de Izquierda Unida, que ha hecho constante hincapié en el establecimiento de una red de solidaridad alimentaria.

En este contexto, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, acudió ayer al Consejo de Gobierno para hacer balance del primer año de Gobierno, pese a que todos los grupos ya lo habían hecho el día antes. Incluido el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en el Comité Director del PSOE-A.

Aprovechó la ocasión para avanzar una ley que prepara el Ejecutivo contra el fraude fiscal «y social». El objetivo es que en la concesión de ayudas y subvenciones no sólo se tenga en cuenta la renta sino también el patrimonio.

Las prisas por soltar el mediático anuncio y ganarle unos metros de protagonismo a los socios de gobierno (IU) tuvieron, sin embargo, como consecuencia una importante carga de incertidumbre sobre las ayudas que concede el Ejecutivo autonómico.

La titular de Presidencia señaló que la Junta pretende la «equidad», un «reparto más equitativo de las cargas», que «los servicios lleguen sólo a quienes les corresponde» y repitió la idea de que «el coste de la crisis no la paguen las clases medias trabajadoras».

No obstante, preguntada repetidamente sobre la posible horquilla de patrimonio que tendría en cuenta la Junta, nada dijo al respecto. También queda al arbitrio de la interpretación el concepto «clase media trabajadora» teniendo en cuenta que la Junta ya subió el IRPF a los que ganaban más de 60.000 euros porque consideraba que eran los ricos que debían arrimar el hombro. Sólo dijo en este sentido: «No entenderán que patrimonio es tener una vivienda habitual. Hablamos de otro tipo de patrimonio mobiliario e inmobiliario», deslizó la consejera, al tiempo que puso como ejemplo los parámetros de patrimonio que se tienen en cuenta para la concesión de becas del Estado.

«Si le preguntan a los ciudadanos que tienen que hacer frente por ejemplo a la parte del precio público de las guarderías, lo van a entender perfectamente», abundó.

La ley contra el fraude fiscal y social ya la citó Griñán en su discurso de investidura del pasado 2 de mayo de 2012. Se incluía entre las 28 leyes que se comprometió a enviar al Parlamento. Todas, por cierto, están aún por llegar.

La primera que comenzará su trámite –antes de que finalice mayo– es la ley de transparencia, le siguirá la de participación ciudadana y, posteriormente, la avanzada ayer de lucha contra el fraude fiscal y social, que se espera que inicie su curso en este periodo de sesiones, es decir, antes del verano.

Llama la atención, asimismo, que la Junta se centre ahora en computar los bienes de los adjudicatarios de ayudas públicas, cuando la Junta dio su consentimiento en 2008 a la supresión del impuesto de patrimonio que llevó a cabo el ministro socialista Pedro Solbes. El impuesto de patrimonio, conocido popularmente como el «impuesto de los ricos», supuso a Andalucía una pérdida de unos 150 millones de euros anuales. Lo pagaban los más de 80.000 andaluces que declaraban bienes que superaban los 601.012 euros.