La Junta burla la imposibilidad de contratar personal con externalizaciones

La Agencia de Servicios Sociales,con 1.350 empleados, no puede asumir la gestión de la tarjeta «sesentaycinco».

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia no puede asumir más funciones de las que realiza. Ése es uno de los principales argumentos que esgrime este organismo con personalidad jurídica propia adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para externalizar el servicio de gestión de la tarjeta «Andalucía Junta sesentaycinco y transporte bonificado». Por ese motivo ha licitado un contrato por importe de 538.641,75 euros.

El pliego de condiciones consultado por este periódico señala que «la asunción de este servicio por parte de la Agencia no es posible por las inversiones en maquinaria y la imposibilidad para contratar más personal, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía para todos los organismos públicos, haciéndose por tanto necesaria la contratación de este servicio».

Según la última Cuenta General de la Junta de Andalucía disponible, correspondiente al ejercicio 2014, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia cuenta con 1.355 trabajadores, cifra que se elevaba a 1.491 en 2013. De éstos, solo 602 corresponden a puestos de personal funcionario.

Los trabajos de expedición de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en sus dos modalidades y de la Tarjeta Transporte Bonificado lo desarrollaba la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS). Sin embargo, este organismo fue uno de los afectados por la ley de reordenación del sector público de Andalucía, lo que motivó que la Agencia asumiera todas las relaciones jurídicas, bienes y derechos y obligaciones de ésta.

En esta nueva etapa, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia externaliza este servico en una empresa que deberá proceder al «servicio de personalización» de las mismas, así como a la «gestión documental, depósito y custodia».

La sociedad que obtenga el contrato licitado trabajará como terminal de la Administración ya que deberá grabar en un programa informático todos los datos personales exigidos a los solicitantes. De hecho, en uno de los puntos se aclara que «la Agencia proporcionará a la empresa adjudicataria las bases de datos referentes a las personas titulares de la Tarjeta Andalucía sesentaycinco y de Transporte Bonificado, debiendo la empresa incorporar las mismas a su aplicación informática para el tratamiento homogéneo de datos».

Igualmente, la empresa también deberá remitir «semanalmente a través de la página web de la Agencia una memoria estadística resumen completa de la actividad» relativa a la emisión de tarjetas, provincias de residencia de los solicitantes o sexo de los mismos, entre otros datos.

Como suele ser habitual en los contratos de externalización de servicios que realiza la Junta de Andalucía, la empresa que presta el servicio funciona como una especie de sede de la Administración y debe cumplir una serie determinada de requisitos tanto técnicos como de personal. La dependencia jerárquica de la Agencia queda clara en el pliego: «La empresa adjudicataria arbitrará las medidas que sean necesarias para que desde la Agencia se pueda tener acceso directo, vía web o similar, a las bases de datos contenidas en la aplicación informática empleada para la gestión del servicio, así como el estado en que se encuentra cada tarjeta en el proceso de personalización (grabación, estampación, codificación,...). De no poderse acceder a los datos en tiempo real, los mismos deberán ser actualizados al día anterior de la fecha de comprobación».

A principios de septiembre, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presidió el acto de celebración del 15 aniversario de la tarjeta «Andalucía Junta sesentaycinco». La efeméride sirvió para presumir de un servicio que, según los datos de la Administración andaluza, ha permitido a las personas mayores de 65 años un ahorro de 324 millones desde su puesta en vigor, gracias a que facilita el acceso a diversas prestaciones y servicios, así como descuentos en 1.500 empresas de la comunidad.

Las personas titulares de esta tarjeta acceden al Servicio Andaluz de Teleasistencia, así como a importantes descuentos en la adquisición de productos ópticos y auditivos, en el uso de transportes públicos, y en la asistencia a viajes y actividades culturales y de ocio, entre otros. En la actualidad, 1.060.998 personas disponen de esta tarjeta, el 80% de los mayores de 65 años de Andalucía.