La Junta dice que no hay caso pero pide a empresas de formación 149 millones

La Junta niega la mayor y niega, por tanto, que exista el «caso de la formación». El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, quien compareció ayer en comisión parlamentaria, aseguró que el Gobierno andaluz está expuesto a una «causa general» por parte del Partido Popular, un grupo político que en su opinión trata de «alargar artificialmente la sombra de duda» sobre los cursos. Así se pronunció tras contestar a una petición de comparecencia que había registrado el PP para que diera cuenta del proceso de revisión de expedientes que se prolonga durante cuatro años. El titular del ramo reconoció no obstante que su departamento ha reclamado en firme a través de expedientes de reintegro 149 millones de euros a empresas debido a irregularidades en los expedientes de justificación.

La Consejería de Empleo, con Luciano Alonso al frente, inició la revisión de un total de 8.505 expedientes de ayudas correspondientes a convocatorias de los años 2007 a 2011, tras estallar el escándalo de los cursos. La Junta ha revisado 6.501, según confirmó ayer Javier Carnero, por lo que aún quedaría una cuarta parte. De éstos, 1.750 han concluido con resoluciones de reintegro en firme, que se corresponden con los mencionados 149 millones de euros; mientras que otros 246 expedientes se encuentran en distintas fases del proceso de reintegro.

Buena parte de la información que le requirió la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero quedó no obstante sin respuesta. El consejero no aclaró cuánto dinero le reclama la Junta a UGT-A, que tiene además abierto un proceso específico en el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla derivado de las numerosas irregularidades en subvenciones finalistas de la Administración autonómica. Tampoco dio detalles de cifras sobre otro conjunto de empresas relacionadas con ex altos cargos del Partido Socialista, como Aulacen5 (de la mujer del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco) o el conglomerado societario del ex consejero Ángel Ojeda Avilés. Carnero esgrimió en este sentido que no puede ofrecer estas cifras hasta que no termine completamente el proceso de revisión del expediente. Sí ofreció otros datos, como los 444.639 euros que le pide la Consejería de Empleo a la empresa del ex alcalde socialista de Punta Umbría.

Por otra parte, el consejero tampoco se pronunció sobre el dinero que la Junta ha podido recaudar de manera efectiva tras la apertura de estos expedientes de reintegro. La última cifra conocida es la que dio el ex titular del ramo José Sánchez Maldonado: 8,7 millones. «No da un dato fundamental que es el del dinero que se ha recuperado y cuál es el destino de ese dinero», le reprochó la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero. «¿Están haciendo a posta una revisión errónea para no perjudicar a la red clientelar a la que regaron con la formación?», abundó la dirigente popular, aludiendo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que señala claramente que la Junta usó una vía administrativa inadecuada para reclamarle el dinero de una subvención a UGT. El debate derivó en bronca en algunos pasajes. Ruiz-Sillero denunció la actitud «chulesca» del consejero tras pedirle éste «seriedad mental».

El otro gran asunto que llenó la mañana parlamentaria fue la reactivación de los cursos, que la Junta cortó en seco a partir de 2012. La situación actual dista mucho de ser la ideal, ya que las convocatorias para ocupados y autónomos están paradas, las resoluciones provisionales de las escuelas talleres no estarán listas en el mejor de los casos hasta finales de mes, según avanzó el consejero. Y de la convocatoria de cursos para desempleados publicada en 2016 y que pretendía llegar a 22.800 personas, sólo se están beneficiando en este momento 4.042. En Andalucía había 854.856 parados en octubre, según el INEM. La normativa, asimismo, establece el libramiento de un primer anticipo del 25 por ciento para que las empresas puedan comenzar las acciones. Esta partida para anticipos estaba fijada en 15,5 millones, aún faltan por pagar 4 millones y medio. El problema de fondo es que la Junta aún no ha cerrado las liquidaciones a empresas que desempeñaron acciones de formación en el año 2011.