La Junta echa a una madre sin casa pero multará a Ibercaja si desaloja a los okupas

Dos semanas han bastado para que la Junta de Andalucía quede en evidencia ante su propio decreto contra la exclusión social. Ayer, mientras desde Sevilla se recordaba a la propietaria de un edificio ocupado por 36 familias que la Consejería puede multarla con 9.000 euros por cada vivienda vacía si finalmente prospera la demanda de desahucio, en Granada una madre soltera de 21 años respondía en los tribunales por la usurpación de un piso propiedad de la Junta, tras ser denunciada por la Empresa Pública de Suelo (EPSA).

En Sevilla, la ocupación ha cumplido un año y supuso el origen del movimiento «corrala». La delegada provincial de Fomento y Vivienda ha venido reclamando una solución «justa» a Ibercaja y ayer estableció su criterio: alquiler social por un tiempo mínimo de un año y el restablecimiento de la luz y el agua, cortadas en verano. «Estaremos muy vigilantes sobre las viviendas vacías que superen los seis meses», manifestó Granada Santos, que justificó que no se trata de una «mera ocupación», dada la situación de emergencia social en que se encuentran las familias. Un perfil en el que encaja Ester Sánchez, la joven con una hija de cuatro años, desempleada y sin ingresos que horas antes explicaba ante un juez por qué ejerció por su cuenta su derecho a una vivienda.

La única diferencia es que en el segundo caso los pisos pertenecen a la Junta, que no ha dudado en acudir a los juzgados para lograr el mismo desalojo forzoso que critica a la entidad bancaria. Una decisión que, además, defendió el delegado granadino de Vivienda, Manuel Morales: «No se puede permitir que las familias ocupen viviendas sin ningún tipo de documento que las autorice a ello. No se pueden ocupar porque sí», zanjó en declaraciones a Granada Hoy.

En contra de la actuación del Gobierno andaluz se mostró la plataforma «Stop Desahucios» del 15M, que organizó una concentración frente a los juzgados de La Caleta en apoyo a Ester y a las otras cinco familias abocadas a instalarse en un edificio público en el conflictivo barrio de Almanjáyar. «La Junta está amenazándome, diciéndome que deje la vivienda, que voy a ir a la cárcel», aseguró la afectada. El portavoz de «Stop Desahucios», Antonio Redondo, reprochó a la Consejería haber ofrecido como única alternativa a estas personas pasar a engrosar una lista de adjudicación de pisos en la que actualmente figuran 35 familias en riesgo de exclusión social. Redondo exigió al departamento de Elena Cortés que retire la demanda e ironizó al señalar que «no entendemos cómo Izquierda Unida tiene viviendas vacías si está diciendo que va a expropiarlas a los bancos». «Si van a expropiar, que empiecen por las de estas familias», insistió.

En este sentido, la delegación de Vivienda en Granada reconoció que mantiene pisos desocupados en dicho barrio, aunque no concretó cuántas. No obstante, desde «Stop Desahucios» valoraron la intención del delegado de buscar soluciones al respecto, aunque alertó de que «no podemos esperar meses para dar soluciones a gente que está en la calle».

Por su parte, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, que ayer se reunió en Sevilla con Santos y miembros de la corrala «Utopía», se manifestó también en contra de lo que denominó desalojo «unilateral» . Reclamó a la entidad bancaria continuar con una negociación que lleva meses abierta y en la que Ibercaja llegó a ofrecer alquileres sociales en otros inmueblesde su propiedad.