La Junta elude desvelar datos de los gastos y el personal de una fundación

El portal de transparencia responde con el silencio a una petición de información de junio sobre Andalucía Emprende

Cuando la socialista Susana Díaz pretendía acceder por primera vez a la Presidencia de la Junta en septiembre de 2013 aseguró en su discurso de investidura que se proponía que la transparencia fuera «el principio rector del funcionamiento de la Administración», para lo que, dijo, se iban a aprovechar «sin titubeos» todas «las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tanto desde el punto de vista del acceso de los ciudadanos a la información como desde el establecimiento de nuevos mecanismos de participación, reales, ágiles y eficaces». Desde entonces se ha avanzado, pero ese compromiso no ha impedido que el silencio administrativo se imponga a veces a la transparencia. LA RAZÓN se interesó el pasado 14 de junio por una información ligada a la Fundación Pública Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento que dirige Antonio Ramírez de Arellano. En concreto este periódico preguntó a través del portal de transparencia del que presume el Gobierno autonómico, cuyo funcionamiento arrancó en 2015, sobre la liquidación de gastos de esa entidad pública relativa al ejercicio 2016, así como por el número total de empleados de los que constaba el año pasado.

Esa petición de información dio origen a un expediente, de acuerdo a lo que la Junta trasladó dos días después a este diario, que se tramitaría conforme a lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de la comunidad, siendo Andalucía Emprende, un organismo que tiene como «misión» promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial en la región, el «competente para resolver» la demanda de datos. Pero más de dos meses después no ha llegado respuesta alguna. Y ello a pesar de que el artículo 32 de la norma autonómica establece que la gestión tendrá que hacerse «en el menor plazo posible» y el máximo fijado «para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles», a contar en esta ocasión desde ese día 16 de junio, fecha de la recepción de la solicitud por la citada entidad. Un espacio temporal que, eso sí, podría ser prorrogado por un periodo igual de tiempo, en el caso de que el «volumen» o la «complejidad» de la información pretendida lo requiriera. Si llega esa decisión, lo habitual es que el Ejecutivo regional lo apunte, sin embargo, nada se ha comunicado en ese sentido respecto a los datos pedidos sobre la fundación pública. Es más, desde la propia Junta se advierte de que si se gasta el intervalo desde la reclamación de información hasta el límite marcado de resolución sin que se haya notificado algo, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En otras palabras, ese silencio puede traducirse como que ha sido denegada.

Aún queda un espacio de actuación: presentar una reclamación ante el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Desde la entrada en vigor de la ley andaluza hasta el 30 de junio de 2017, el portal recibió 3.137 solicitudes de información pública, a la luz de los registros estadísticos del Gobierno regional.