La Junta «enmascaró» una subida de 3 millones en una certificación de obra

Las presuntas irregularidades en la gestión de una subvención de 40 millones de euros para la modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir salpican a tres ex directores generales de Regadíos, entre ellos, el actual secretario general del PSOE de Almería y diputado andaluz, José Luis Sánchez Teruel. Lo llamativo, pese a que él ha negado cualquier participación en los hechos, es que varios imputados y denunciantes aseguran que tenía un gran interés en desbloquear las obras pero siempre en favor de la empresa adjudicataria, la multinacional Befesa.

El atestado de la Guardia Civil que ya está en poder del titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, recoge la declaración como imputado de J. A. L. C., que trabajó «prácticamente desde el inicio en la obra» y que ejerció como jefe técnico en la UTE Riego Marismas Befesa/Alpi y, posteriormente, como gerente de la Comunidad de Regantes desde finales de 2008 y hasta septiembre de 2009. Los agentes consideran «importante» su declaración, ya que conoce de primera mano varias de las incidencias de las obras y en su declaración admite hechos que avalan las irregularidades descritas por la Guardia Civil.

Uno de los aspectos que detallan los agentes es que el imputado «reconoce la amenaza o coacción que otras personas han declarado en sus manifestaciones ante esta Instrucción recibidas en un organismo oficial por parte de José Luis Sánchez Teruel, ante la negativa de la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes, de seguir con la contrata Befesa/Alpi, ya que esta no estaba cumpliendo con lo pactado en contrato y porque se negaban igualmente a certificar por adelantado, éste Director General, se posesionaba a favor de Befesa y que estas coacciones hicieron cambiar la actitud de la Junta Rectora».

El ex gerente de los comuneros también avala la teoría de que el «mal llamado Proyecto complementario» fue una «idea» de la Consejería de Agricultura y Pesca en connivencia con Befesa. Los agricultores no lo necesitaban, pero si la empresa para, supuestamente, compensar una serie de desvíos presupuestarios. Sorprendentemente, la Administración regional se posicionó a favor de Befesa, aunque en el proyecto «subvencionaba doblemente las mismas unidades obras» lo que suponía «un encarecimiento encubierto del contrato firmado en su día».

El atestado también señala como otra de las posibles irregularidades en las que intervino el actual secretario general del PSOE de Almería, «una operación para enmascarar una subida de 3.000.000 euros en la última certificación, en acopio y en un aval de primer requerimiento, esto se realiza en el despacho del director general de Desarrollo Sostenible José Luis Sánchez Teruel, en presencia de éste y Luis Hereza.

Los investigadores dan credibilidad al testimonio del imputado porque consideran que es «una de las personas que más sabe de la obra civil realizada en las obras de mejoras de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, como técnico y como gerente de las mismas». De hecho, también admite uno de los principales sucesos que demostrarían la falta de diligencia de la Junta de Andalucía en todo este proceso y que ha venido detallando este periódico: que la Consejería de Agricultura certificaba obras sin ejecutar. Así, detalla que la primera certificación de más de cuatro millones de euros se realiza «sin obra hecha y por imperativo de la Junta de Andalucía», y que de las 9 primeras certificaciones que ascendían a casi 7,8 millones, «no correspondían con la realidad», ya que «en ningún momento se pudo producir eso».

La Guardia Civil asegura, entre otras cosas, que todo este « entramado de irregularidades» no se pudo realizar «sin el beneplácito de la Administración» de la Junta.