La Junta finiquita la gestión local de la atención temprana

Cerca de 200 profesionales pueden perder sus puestos de trabajo y 3.500 menores verán afectadas sus terapias

La Consejería de Salud se apoya en un informe de su gabinete jurídico, reclamado con carácter de urgencia, para justificar la supresión de los CAIT dependientes de los Ayuntamientos y la consiguiente privatización del servicio de atención temprana. Una medida que, salvo giro inesperado, puede afectar al futuro laboral de alrededor de 200 profesionales y que tendrá incidencia en las terapias de unos 3.500 menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.

La Junta cree necesario «adecuar» la regulación bajo la fórmula de convenio con entes locales al marco normativo contractual de aplicación. El gabinete jurídico parte de la evidencia de que se trata de una competencia de la Consejería de Salud y que «debe someterse a la legislación de contratos del sector público», es decir, la gestión privada a través de conciertos. Además, apela a la Ley de Contratos del Sector Público para eludir el instrumento del convenio y recuerda que la vigencia de estos concluye en el mes de septiembre –día 15–, negando la posibilidad legal de delegación del servicio o la encomienda de gestión, al igual que la creación de un ente público local específico.

Desde la Plataforma de Atención Temprana se considera una decisión «injusta, discriminatoria, desacertada y precipitada», pues no se ha dialogado con un colectivo de trabajadores que ha realizado su tarea de forma abnegada. Ante la situación de «indefensión» de los profesionales afectados –la asociación interprofesional ATAI por ahora permanece al margen–, los asesores legales de las familias de los menores con trastornos han ofrecido su apoyo jurídico. La conclusión es que la base legal argumentada resulta incompleta, «es sesgada y tendenciosa», según explicaron a este diario.

La gestión local del servicio se divide en dos lotes. Por un lado, los CAIT dependientes de ayuntamientos o diputaciones que ceden a una asociación la gestión, en torno a un 30 o 40% de los casos. En estos casos, a priori, no existe problema porque las mismas asociaciones optarán a la licitación del servicio con muchas opciones de ser las elegidas.

Pero por otro, se encuentran aquellos entes locales que lo asumen directamente, con personal contratado en función de la vigencia del acuerdo marco. En total hay 51 CAIT afectados, en los que trabajan entre 150 y 200 terapeutas, para dar atención a alrededor de 3.500 menores.

La plataforma defiende que el propio Decreto 86/2016 de 29 de abril de atención temprana dice en su artículo 17.3 que «los CAIT podrán tener titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, debiendo estar autorizados e inscritos, de acuerdo con los previsto en la normativa vigente en materia de centros, servicios y establecimiento sanitarios». Y el artículo 22 hace referencia a que la consejería podrá organizar el servicio a través de «conciertos sociales» y «modalidades diferenciadas de las recogidas en la normativa de contratación del sector público».

Además, los representantes de las familias recurren al artículo 2 del Decreto-Ley 7/2014, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que permite a las entidades locales «seguir ejerciendo actividades complementarias que venían siendo ejercidas con anterioridad a la reforma de la Ley de Base de Régimen Local, en cuanto no representen ejecución simultánea del mismo servicio público y no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda Municipal».

El conflicto ya ha provocado reacciones políticas. Tanto Izquierda Unida como Podemos registrarán las pertinentes preguntas en el Parlamento y el PP, además de requerir información a la nueva consejera, Marina Álvarez, ya elabora una proposición no de ley (PNL) en defensa de la continuidad de la gestión municipal del servicio y de los puestos de trabajo en municipios donde esta labor lleva, en algunos casos más de veinte años facilitándose de forma exitosa a los menores (bajo la denominación de estimulación precoz).

La Consejería de Salud tiene previsto reunirse con el colectivo de profesionales afectados esta semana. A las familias les ha garantizado la continuidad del servicio a todos los menores y en su misma localidad, pero muchos profesionales ya saben de primera mano que no los podrán reubicar, condenándolos a un eterno procedimiento judicial en defensa de sus puestos de trabajo. Reclaman el inicio de un proceso de diálogo en el que se palpe voluntad real de encontar soluciones menos dañinas y, sobre todo, preservando el servicio público. Desde la plataforma «Marea Blanca» trasladan su apoyo y barajan movilizaciones.

Familias y profesionales recuerdan que invertir hoy en atención temprana es ahorrar mañana en dependencia y salud.