La Junta gastó en un año casi 18 millones en pluses para su personal

Pagó indemnizaciones por esa cuantía en conceptos como dietas, traslados o asistencia a tribunales o a entes colegiados. Las plantillas de los entes instrumentales disminuyeron, sin embargo su coste se disparó en más de 23 millones de euros

Pagó indemnizaciones por esa cuantía en conceptos como dietas, traslados o asistencia a tribunales o a entes colegiados

Las plantillas de los entes instrumentales disminuyeron, sin embargo su coste se disparó en más de 23 millones de euros

La geografía de los gastos del Gobierno andaluz que dibuja el informe de fiscalización de la cuenta general de éste y los fondos de compensación interterritorial relativo al ejercicio 2015 elaborado por la Cámara de Cuentas incluye este dato: aquel año se desembolsaron 17,82 millones de euros en lo que el órgano fiscalizador denomina «indemnizaciones por razón del servicio». Una categoría en la que se incluye el abono a empleados de la Junta de conceptos como dietas, locomoción, traslados o pagos por asistir a órganos colegiados.

En el mencionado trabajo de la Cámara de Cuentas, consultado por LA RAZÓN, se dedica un apartado a los gastos del personal en nómina del Ejecutivo regional, tanto de la Administración per se, como de su órbita paralela de agencias. En él se asevera que las obligaciones reconocidas en 2015 por ese motivo fueron de «9.611,80 millones de euros», cifra que supuso «el 33,34 por ciento del total del gasto consolidado» y de la que 17,51 millones correspondieron a los salarios de altos cargos. A esa información de conjunto se añade la de los mencionados casi 18 millones del bloque de indemnizaciones adicionales. De acuerdo al desglose del mismo, reflejado en uno de los anexos del informe, 2,92 millones se destinaron a costear dietas, 3,99 a cuestiones de locomoción y 0,30 a importes relativos a traslados. Junto a éstos, 6,31 millones se contabillizaron, de acuerdo al texto de la Cámara de Cuentas, como «otras indemnizaciones», saco en el que se meten pluses por asistencia a tribunales y entes colegiados, ponencias, consejos y otro tipo de reuniones que no encajan en el resto de categorías definidas. En relación a ese punto, cabe señalarse una cierta reiteración, ya que existe un concepto etiquetado como «indemnizaciones por dedicación y asistencia a órganos colegiados» al que se asignaron 2,64 millones de euros. Hay que añadir, por último y para alcanzar los 17,82, otros 1,66 millones que fueron a parar a gastos de viajes-desplazamientos, a la luz del análisis llevado a cabo por la entidad fiscalizadora autonómica. Éste aborda otras magnitudes relacionadas con las plantillas cuyos salarios se sustentaron con fondos de la Junta y en él se asevera que a 31 de diciembre de 2015 el total de empleados públicos se elevó hasta los 243.844, que son 2.323 personas más que las registradas el año anterior, dado que en la misma fecha de 2014 había 241.521 trabajadores.

Se ofrecen también datos sobre las entidades instrumentales, de acuerdo a los cuales se puede asegurar que, mientras en 2014 la plantilla media de éstos fue de 23.692 asalariados –20.149 en entes empresariales, 3.361 en fundaciones y 182 perteneciente a consorcios–, en 2015 ésta disminuyó hasta los 23.052 empleados –19.557, 3.379 y 96, en el mismo orden–. Una rebaja que, sin embargo, no tuvo como correlato una disminución del gasto en personal. De hecho, mientras éste supuso en el primer ejercicio de la comparación un global de 884,21 millones, se disparó en el segundo, en 2015, hasta alcanzar los 907,36, lo que significa un alza de 23,15 millones, o, en otras palabras, una variación del 2,62 por ciento.

Andalucía presenta una ratio de 2,83 empleados públicos por cada 100 habitantes, lo que la Cámara de Cuentas traduce en que la comunidad se encuentra «en torno a la media para el conjunto» del Estado. Desde el ejercicio que centró el informe desmenuzado, se han puesto en marcha algunos instrumentos para poner coto a las indemnizaciones como las pactadas de manera individual entre las empresas y sus órganos de dirección, según han adelantado representantes del Gobierno autonómico en distintas ocasiones. Está por ver que se cumple. Si es así, se plasmará en futuros trabajos del órgano fiscalizador.