La Junta guardará el sitio a la directora de minas de Aznalcóllar

Como era previsible, la Junta de Andalucía cesó ayer en el cargo de María José Asencio, directora general de Minas, pero dejó abierta la puerta a su reincorporación una vez se aclare el procesó judicial abierto con motivo la adjudicación del concurso de explotación de la mina de Aznalcóllar. El Consejo de Gobierno, ya sin Susana Díaz, se vio entre la espada y la pared, pero insiste en la horandez de quienes participaron en el procedimiento.

La imputación del alto cargo por un presunto delito de prevaricación obligaba a cumplir el pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos, cuyos líderes andaluz y nacional, Juan Marín y Albert Rivera, respectivamente, aprovecharon para sacar pecho. Pero el presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, seguía ayer manteniendo que éste no es un caso de corrupción y defendía el papel desempeñado por Asencio hasta el punto de que su vacante no será cubierta para que pueda volver al cargo en septiembre, una vez declare ante el juez el día 17 y, siempre en el mejor de los casos para sus intereses, acredite la transparencia de la gestión del concurso que Emerita, empresa perdedora de la adjudicación, puso en duda hasta el punto de acudir a los tribunales y su querella ser admitida por un juez.

«Si todo se aclara», Asencio será restituida en su cargo y la Junta correrá con los gastos de su defensa legal. Se podría decir que la directora de Industria, Energía y Minas ha sido entonces simplemente apartada. Sus responsabilidades recaerán en la subdirección para evitar que haya «vacío de poder». Jiménez Barrios puso en valor el trabajo de la hasta ahora directora, así como del resto de los técnicos: «Han dado durante todo momento muestras de solvencia y de buen hacer». Es más avala la «transparencia, claridad y legalidad» del concurso, precisando que los informes jurídico, económico y técnico así lo avalan. Además, precisó que existen «muchas diferencias» entre los dos últimos autos judiciales: «En el último –del pasado viernes– se habla de posible prevaricación, pero ya no de cohecho, malversación o negociaciones ilegales vinculadas al concurso». En su opinión, el auto de imputación de la jueza se centra en cuestiones concretas de la adjudicación, como los suelos con derechos mineros, la valoración de la oferta económica de la empresa adjudicataria o el plan de aguas presentado: «No se está investigando un delito de corrupción».

Emerita sostiene que en esta adjudicación hubo un trato de favor de la Junta en la valoración de la oferta de Minorbis, empresa que, además, habría incumplido algunas de las exigencias de esta adjudicación.