La Junta limita ayudas de formación a «la disponibilidad presupuestaria»

Empleo modifica una orden de 2009 e introduce las limitaciones al gasto en un nuevo artículo

El departamento de Javier Carnero trata de llevar a cabo medidas «simplificadoras» en el trámite burocrático

El Gobierno andaluz ha elaborado una nueva orden para modificar la anterior de octubre de 2009 por la que regula la Formación Profesional para el Empleo y establece las bases para la concesión de subvenciones. Entre los cambios, incluye un nuevo artículo bis, el 47, que recoge entre otras cuestiones que dichas ayudas estarán limitadas por la «disponibilidad presupuestaria» de la Administración.

La nueva orden tiene fecha de 28 de diciembre de 2017 y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el pasado 4 de enero. El Ejecutivo andaluz enmarca su elaboración dentro de los cambios normativos que ha llevado a cabo el Gobierno central –con una «profunda renovación» en el año 2015– y la propia Junta en el ejercicio de sus competencias que tiene transferidas. Hay que recordar que la Consejería de Empleo anunció la reactivación de la formación profesional en junio de 2016 tras publicar las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas tanto para trabajadores desempleados como ocupados. No obstante, esta reactivación tras cinco años en blanco debido a la paralización de las convocatorias por las irregularidades de las que se encarga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se ha quedado a medias. De hecho, la última convocatoria de subvenciones de formación para ocupados sigue siendo la del año 2011.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de la que es titular Javier Carnero, expresa en la nueva orden su intención de llevar a cabo «medidas simplificadoras» para el procedimiento de concesión de las mencionadas becas y ayudas; además de cambiar algunos parámetros actuales. En este sentido, por ejemplo, la Junta modifica uno de los artículos para que las becas y ayudas no sólo se otorguen a los alumnos participantes en las acciones formativas reguladas por la orden. «La experiencia desarrollada en su gestión recomienda ampliar el sector de la población andaluza beneficiaria de las mismas», recoge el texto rubricado por el consejero del ramo. Así, «se introduce la posibilidad de que las becas y ayudas puedan ser percibidas también por el alumnado que participe en el resto de las acciones formativas de FPO financiadas con fondos públicos», bien sean impartidas por centros o entidades subvencionados, propios o adscritos a la Consejería competente o sus entidades instrumentales.

Uno de los cambios más llamativos afecta al artículo 47. La Consejería de Empleo crea un «47 bis» relativo a la «instrucción, resolución del procedimiento y justificación de las becas y ayudas». En el segundo punto se recoge que «la concesión de estas becas y ayudas estará limitada por la existencia de disponibilidad presupuestaria en las partidas expresamente asignadas para estos fines por la Consejería con competencia en materia de formación para el empleo».

Hay que recordar que uno de los principales problemas de la formación es el exiguo o incluso nulo gasto en algunos casos de las partidas presupuestadas debido en parte al atasco de los procedimientos administrativos. Este periódico informó recientemente de que en el año 2017 se quedaron en el cajón 20,6 millones de euros para formación de ocupados que va camino de los siete años paralizada ya que la Junta, a día de hoy, no ha publicado una nueva orden de convocatoria. El Gobierno andaluz presentó a mediados de 2016 un fuerte paquete inversor que ascendía a 142 millones de euros. Los mencionados 20,6 para ocupados, 50 millones para escuelas taller; y 71,5 para cursos dirigidos a desempleados. No obstante, el programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo ha sufrido modificaciones que le han abocado a un considerable retraso en las adjudicaciones mientras que la formación para parados, que es la que centra el grueso de las acciones, también va al ralentí. De hecho, hay numerosos centros formativos que aún no han recibido el primer adelanto del 25 por ciento para poner en marcha la actividad, lo que está provocando que algunos devuelvan la ayuda y otros se planteen parar las acciones. Los últimos datos sobre la marcha de los cursos para desempleados los ofreció el consejero de Empleo en comisión parlamentaria el pasado 9 de noviembre. A esa fecha se estaban beneficiando de los cursos de formación un total de 4.042 desempleados. Sin embargo, la Junta pretendía llegar a 22.800 personas. Al cierre del mes de diciembre en Andalucía había 825.364 personas inscritas en las oficinas del SAE.