La Junta no ha hecho nada con los suelos de la deuda histórica ocho años después

La agencia de vivienda realiza ahora gestiones para venderlos «en las mejores condiciones de comercialización»

En el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía se acordó que la comunidad recibiría un dinero extra anual del Estado por el déficit con el que fueron transferidas las competencias de sanidad, educación y vivienda, a lo que se embastaba la situación de subdesarrollo de la que partía la región con respecto a otras. Se incubó desde entonces un concepto que fue denominado deuda histórica, expresión acuñada por IU, alrededor del cual se ha encajado a menudo el tiempo. Definir qué era costó 27 años, luego llegó marzo de 2009 y los gobiernos socialistas de entonces, central y autonómico, cuantificaron por fin que Andalucía debía percibir alrededor de 1.204 millones de euros por ese débito. En noviembre de aquel año la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (Cmaef) fijó el importe y se delegó en una subcomisión la práctica de la liquidación definitiva. Se dispuso que la transmisión de la propiedad de la relación de bienes y derechos a entregar se hiciera efectiva con la firma de un acuerdo de la misma, circunstancia que se produjo el 19 de marzo de 2010. Pero la entrega de aquéllos se tendría que efectuar mediante la suscripción, por representantes de ambas administraciones, de las correspondientes actas. Mediante una fechada el 1 de junio de 2010 se transfirieron los suelos con los que finalmente se pagó la mayor parte de la deuda histórica: 8 parcelas urbanas en el Toyo I y terrenos en El Toyo II almerienses, solares en Cádiz, el municipio gaditano de San Fernando, Granada, Almería y Jaén; parcelas en Granada y Sevilla; otros terrenos en la capital hispalense, así como el edificio de Correos de Málaga.

Un año y medio después, mediante una Orden de 13 de enero de 2012, de la consejera de Hacienda y Administración Pública, se encomendó a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía –hoy Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)– la gestión urbanística de determinados inmuebles del patrimonio de la comunidad, entre los que se incluyeron todos esos espacios, excepto el edificio de Correos malagueño, por tratarse de un inmueble construido.

LA RAZÓN ha preguntado a la Junta, a través del portal de transparencia, qué utilidad se ha dado a esos suelos casi ocho años después de su cesión. La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha sido la encargada de contestar y lo ha hecho para explicar que «debido a la crisis económica de los últimos años no se ha estimado conveniente tramitar su comercialización». Y matizar que, «actualmente, con la mejora de la situación del mercado inmobiliario y de la economía en general, se están llevando a cabo por parte de AVRA las gestiones pertinentes para proceder a la enajenación de dichos suelos en las mejores condiciones de comercialización mediante su inclusión en las ofertas públicas» de la agencia en cuestión.

En cuanto al edificio de Correos de Málaga, se apunta que está calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad como «servicios de interés público y social, con usos cultural, asistencia sanitaria, bienestar social, religioso, cementerios, tanatorio, crematorio, y otros urbanos» y se expone que se ha solicitado al Ayuntamiento «la tramitación de la modificación de la referida calificación a terciario-hotelero» y, una vez alcanzado un acuerdo con el consistorio para ello, «se está a la espera de la recalificación urbanística para proceder a su enajenación». En definitiva, pretenden vender el conjunto, pero aún no se ha hecho nada real con nada.

Reclamos constantes al Gobierno central

Las peticiones de más recursos para la comunidad por parte de los sucesivos gobiernos socialistas andaluces a los ejecutivos centrales se han repetido con o más o menos sombra de esperanza. En la actualidad, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido hace unos días a Mariano Rajoy que explique a los andaluces el «atropello y el maltrato» que, a su juicio, suponen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para la región y las razones de que en los repartos «siempre» salga «perjudicada y mal pagada» ésta. Pero sólo con reclamar no basta, también hay que manejar lo demandado y lo propio, construir al menos una épica de cierta gestión.