La Junta obvia las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y del Parlamento

La Cámara de Cuentas hace cada año numerosas observaciones a la Junta en el informe más extenso y prolijo de todos los que aborda de forma periódica: el de la cuenta general, en el que se somete a examen el engranaje contable del Gobierno andaluz. Y hay una situación que se repite: la escasa atención del Ejecutivo autonómico a estas observaciones que se van encadenando año tras año de forma cíclica. Un dato explica perfectamente la situación. De las 33 principales observaciones que señaló la Junta en el informe del ejercicio 2015, sólo ha acatado y resuelto totalmente el 18 por ciento (6 recomendaciones). «El 39 por ciento (13 recomendaciones) se han implantado de forma parcial y el 43 por ciento (14) no se han llevado a cabo». La Junta hace oídos sordos en cuestiones sustanciales como la reclamación de los avales fallidos de la agencia IDEA.

El máximo órgano de control externo de la Administración realiza en cada informe un balance del anterior. En el recientemente publicado sobre la cuenta general de 2016 detalla cómo ha actuado la Junta respecto al de 2015. En el capítulo de recomendaciones no implantadas anota las relativas a la «aprobación de normas de consolidación, la conciliación entre la contabilidad financiera y la patrimonial, la regularización de determinadas cuentas extrapresupuestarias y de la contabilización del programa de pagarés, los procedimientos de reclamación de la agencia IDEA, así como el conocimiento de la población de las fundaciones y de los consorcios públicos».

Muchos de los problemas contables están enquistados. La Cámara de Cuentas libra recomendaciones pero no tiene poder vinculante, de ahí que buena parte de las observaciones queden en agua de borrajas. La reforma de la Cámara de Cuentas para que se dote de capacidad sancionadora es un asunto largamente discutido y nunca resuelto. De hecho el Parlamento tumbó hace un año una Proposición de Ley de Izquierda Unida que apuntaba precisamente en este sentido. Por eso hay disfunciones que adquieren tintes de permanencia.

Un ejemplo claro es el de la recuperación de los avales fallidos de IDEA. El informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2014 ponía de relieve el «bajo nivel de cobros» de los avales concedidos, por lo que el órgano de fiscalización requería a la agencia IDEA a que se «replanteara sus procedimientos de reclamación ante las empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas». La Junta sólo consiguió recuperar en ese ejercicio medio millón de euros de los más de cien pendientes, lo que suponía un 0,5 por ciento. En el informe del año siguiente el máximo órgano de control externo puso de manifiesto que no se había atendido «suficientemente la recomendación realizada en el informe del ejercicio anterior tendente a que se corrigiera esta situación».

El informe de la cuenta general recientemente publicado sobre el ejercicio 2016 incide en el mismo aspecto: «IDEA ha recuperado un porcentaje reducido de las cantidades abonadas por fallidos y pendientes de recuperación al comienzo del ejercicio 2016. La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe implementar cuantas normas y procedimientos se requieran para optimizar los procedimientos de reclamación de la agencia IDEA ante las empresas cuyas operaciones devienen en impagos, en aras de recuperar un mayor porcentaje de las cantidades». IDEA y la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad «anunciaron distintas medidas normativas y de mejoras de procedimientos en esta materia». «Sin embargo –recogen los auditores– no consta que aún se hayan adoptado». El agujero por los avales fallidos ha escalado hasta rozar los 119 millones de euros. La Junta sólo ha recuperado 610.000 euros.

El Parlamento, a diferencia del Gobierno andaluz, sí atiende en un porcentaje más elevado las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Formalmente las acata, pero se pierden igualmente en el olvido. De las 33 recomendaciones del informe correspondiente a 2015, la Cámara autonómica asumió íntegramente 21; 8 parcialmente; y 4 no las asumió. El procedimiento es sencillo. El Parlamento, en el transcurso de un Pleno, somete a votación, con enmiendas de los grupos, las recomendaciones del informe de la Cámara de Cuentas e insta al Consejo de Gobierno a que adopte una serie de medidas. Pero como hay un vacío legal que impide que las resoluciones del Parlamento sean de obligado cumplimiento, de nuevo se entra en el círculo vicioso del olvido. De hecho, una de las resoluciones que aprobó el Parlamento en el Pleno de 21 de junio de 2017 tenía la siguiente redacción: la Cámara andaluza considera «lesivo para el interés general de los andaluces la falta de atención del Gobierno andaluz a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y mandatos aprobados por este Parlamento». La situación no ha cambiado.

Problemas que se enquistan en el tiempo

Algunas de las recomendaciones que señala la Cámara de Cuentas en el informe relativo a la cuenta general de 2016 son viejas conocidas. Hace años que este órgano mandata que el Ejecutivo mejore la contabilización del programa de pagarés. Sin embargo, sigue siendo un asunto pendiente. El Parlamento, en el Pleno del 21 de junio de 2017, instó al Consejo de Gobierno a «regularizar la contabilización de los pagarés, de forma que se eviten incoherencias entre los saldos contables y la realidad de este programa». En el último informe publicado este desfase vuelve a aparecer.