La Junta oculta desde hace un año datos esenciales sobre el escándalo

El Parlamento aprobará hoy la creación de una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos. Está por ver si la iniciativa que finalmente sale adelante es la del PP, que la registró primero, o la de Ciudadanos. Esto no supondrá en cualquier caso gran diferencia porque la redacción de ambas iniciativas es prácticamente idéntica. Sólo afectará para que uno u otro partido reclame posteriormente la paternidad de la primera comisión de investigación parlamentaria de la décima legislatura. Será también la décima comisión parlamentaria del periodo autonómico. La última, sobre la trama de los ERE, se llevó a cabo en 2012 y se cerró en falso. Sin dictamen final y con bronca entre los grupos.

El escándalo de la formación acabó de estallar a enero de 2014, cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe sobre la fiscalización de las subvenciones para formación profesional para el empleo que recogía graves irregularidades. Ese informe entró posteriormente en vía judicial y actualmente hay más de una decena de juzgados que están llevando a cabo diligencias por esta macrocausa, la de mayor envergadura de todas las que se están instruyendo contra el Ejecutivo autonómico junto al caso de los ERE.

Tras la publicación del informe de la Cámara de Cuentas, el Partido Popular comenzó a dirigir preguntas orales y escritas –algunas también a través del artículo 7– para que la Junta aportara información sobre algunas de esas irregularidades que ponía de manifiesto el máximo órgano de control externo de la Administración. Concretamente, en la anterior legislatura, el PP registró más de doscientas iniciativas parlamentarias relacionadas con la formación. Algunas han sido respondidas por la Consejería de Empleo. Otras siguen, más de un año después, sin obtener ningún tipo de respuesta clarificadora.

El consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, compareció el pasado 22 de julio en el Parlamento. Relató una serie de datos en relación a la inspección de expedientes de formación entre 2007 y 2011 que lleva a cabo la Junta. Existen 8.505 expedientes por un importe total de 1.613 millones de euros. La inspección alcanza al 87,3 por ciento. Quedan 1.078 expedientes pendientes de revisión que suman un importe de 222 millones de euros. La Consejería de Empleo, asimismo, ha determinado procedimiento de reintegro en firme sobre 1.013 por un importe de 71,9 millones de euros.

Sin embargo, aún no se sabe, porque la Junta no lo ha aclarado, cuánto dinero se ha conseguido reembolsar de manera efectiva de esos expedientes de reintegro.

No hay comparecencia del consejero en la que el Partido Popular no incida en la misma cuestión. También lo vienen preguntando por escrito desde hace un año. En las respuestas a estas preguntas la Junta remite a las intervenciones del consejero, pero en estas intervenciones no hay rastro del dato concreto de la cantidad efectivamente reembolsada.

Hay otras cuestiones que siguen sin respuesta. La Cámara de Cuentas recogía en su informe que CC OO-A y UGT-A recibieron subvenciones nominativas por importe de 2,6 y 1,3 millones de euros respectivamente para la construcción de centros de formación en Granada y Huelva. Estas infraestructuras no son subvencionables. Además los expedientes están plagados de irregularidades. El PP ha preguntado también reiteradamente a la Junta si le ha reclamado el dinero de estas subvenciones a los dos sindicatos, si están en funcionamiento y quién otorgó las subvenciones. Tampoco existe hasta el momento una explicación clara.

Igual ocurre con el expediente 14/2009/J/333 de «iniciación de piloto comercial de helicóptero» por el que Faasa ingresó una subvención de 275.444 euros. La Junta pagó 38,79 euros la hora de instrucción. Los módulos de pago llegan como máximo a 19,5 euros. Tampoco aclara la Junta si ha reclamado esta subvención. Faasa –bien relacionada con el PSOE, partido para el que ha prestado servicios– también recibió dinero de Invercaria.

Otra de las equis por resolver y que la oposición espera que se dilucide en el seno de la comisión de investigación es qué destino han tenido los 848,9 millones de euros que la Junta de Andalucía recibió del Gobierno entre 2012 y 2014 para realizar acciones formativas que no han tenido lugar porque no ha habido convocatoria pública. La patronal de la formación, Cecap-A, llevó el caso a los tribunales.