La Junta «paraliza» el proyecto del gasoducto

La Junta anunció que iba a mirar «con lupa» el proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural de la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa, en Doñana. También pidió, ante la presión de IU, desvincular cualquier decisión del debate político y ceñirse sólo a criterios técnicos y jurídicos. Finalmente, el Gobierno andaluz ha decidido «paralizarlo».

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente confirmaron ayer a Europa Press que, como publicó «El País», el departamento andaluz que dirige Luis Planas ha enviado «esta semana» una carta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente –que había dado el visto bueno al proyecto– expresando estas dudas. Con esta misiva, según expone la Consejería, «quedarán suspendidos» los procedimientos de tramitación iniciados.

Desde el departamento de Planas inciden en el problema que supone que la tramitación del proyecto se haya fragmentado para su evaluación ambiental. «Las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos citados se han realizado de forma individual, sin que conste que se hayan tenido en cuenta ni en la fase de análisis ni en la evaluación los efectos de los tres en su conjunto», señalan.

Del mismo modo, la Consejería cuestiona que no se hayan analizado suficientemente las repercusiones que el proyecto del gasoducto puede tener en conjunto para el Parque Natural. En concreto, se recurre a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para reforzar la tesis de que los impactos de los proyectos que formen parte de una unidad deben ser analizados en su conjunto para sopesar los «efectos acumulativos».

«Es imprescindible que (...) con carácter previo al otorgamiento de cualquier autorización se complete la evaluación ambiental de los proyectos citados con el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos», indica la carta.

En este sentido, la Junta reclama al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, una evaluación más completa de los efectos sobre este parque declarado Patrimonio de la Humanidad, al concluir que es el ministerio el que debe realizar esa «evaluación conjunta»

En Ejecutivo andaluz ha suspendido la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, que la empresa debe tener para seguir avanzando.

La compañía aseguraba que una vez que tuviera todas las autorizaciones, el proyecto podía estar en marcha en tres años y recordaba que que llevan operando 30 años yacimientos en Marismas «sin afectación medioambiental». La inversión prevista era de 200 millones de euros.