La Junta recula con el borrador de la Atención Temprana

Tras la alarma generada ante una posible privatización y eliminación del principio de gratuidad, Salud pide tiempo para recomponer el documento

La Junta de Andalucía da marcha atrás. La presión popular ha surtido efecto, al menos por ahora, y la Consejería de Salud y Bienestar Social retirará el borrador de decreto para la Atención Infantil Temprana que tanta incertidumbre había generado entre las más de 19.000 familias que podrían verse afectadas en toda la comunidad.

Como viene informando este diario, ese nuevo documento normativo abría la puerta a la privatización del servicio de atención a menores de cero a seis años con trastornos o posibilidad de tenerlos. Además, en el mismo se omitía dentro de los principios de actuación su carácter gratuito. El portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana, Antonio Guerrero, ha mantenido recientemente una reunión con altos cargos de la consejería en la que estos se comprometen a «recomponer» el contenido del borrador de decreto en un plazo de dos semanas. Como se recordará, los grupos de la oposición presentaron y aprobaron una Proposición no de Ley que obliga al Gobierno andaluz a revisar el modelo actual, saldar la deuda con las asociaciones y a reubicar la Atención Temprana en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El primero de estos puntos, la revisión del modelo, implica la consecución de un consenso mayoritario de los colectivos afectados. La Junta sólo utiliza como interlocutor en esas rondas de contactos al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con quien ya estaría trabajando en un nuevo convenio marco de un año de vigencia y del que no hay noticias aún.

La Plataforma por la Atención Temprana propone crear mesas de trabajo para puntos concretos como la evaluación y desarrollo de acciones necesarias para que la Atención Temprana forme parte de la cartera de servicios del SAS o el desarrollo de nuevo modelo andaluz bajo las premisas aplicadas a la sanidad como servicio público, universal y gratuito; una mesa de actuaciones urgentes, revisar los trastornos susceptibles de atención temprana y redefinir relaciones entre las consejerías de Salud, Educación y Servicios Sociales, además de replantear el futuro de los CAIT (centros de atención) actualmente conveniados con Ayuntamientos.