La Junta sigue sin clausurar tres vertederos ilegales desde 2009

Dos vertederos en Alcalá de Guadaíra y otro más en Cazalla de la Sierra, también en la provincia de Sevilla. Son las tres de las 18 instalaciones de residuos que quedan por clausurar definitivamente en Andalucía, tras requerir la Unión Europea (UE) que cumpliese con la directiva aprobada en 1999 y cuyo plazo de adaptación expiró en el año 2009. Desde esa fecha, la UE comenzó a reclamar a España –sus requerimientos y sanciones se dirigen al país como estado miembro, no a las comunidades autónomas– que ejecutase la directiva 1999/31/CE en 27 instalaciones que se mantenían ilegalmente. Solicitó por primera vez información sobre el cumplimiento en materia de vertederos el 15 de julio de 2009, fecha de la expiración del plazo legal. En enero de 2013, extendió un dictamen motivado e imponía un plazo de dos meses desde su recepción para adaptarse a la ley. No ha sido hasta este año cuando la Junta de Andalucía ha acatado el mandato europeo: 14 de los vertederos se han terminado de sellar, según ha confirmado a LA RAZÓN la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; el cierre de otro se adjudicó en 2011; los trabajos en los tres restantes de Sevilla «se harán durante el presente año». Aún así, habrán transcurrido más de seis años para que Andalucía acate la ley. La sentencia de la sala de lo Social 8 del Tribunal Europeo, con fecha de 25 de febrero, explicita que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letra b), de la Directiva 1999/31, al no adoptar las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo primero, letra g), y en el artículo 13 de la referida Directiva, las instalaciones que no hayan obtenido, de conformidad con el artículo 8 de ésta, autorización para continuar sus actividades». España ha sido por ello condenada en costas. De los veintisiete vertederos denunciados, 19 corresponden a nuestra comunidad: uno en Almería (Vélez Rubio); tres en Cádiz –en Arcos de la Frontera, Grazalema y El Chaparral-La Sombrerera de Puerto Serrano–; seis en Jaén –en la Carretera de Los Villares de Andújar, en Baños de la Encina, Bélmez de la Moraleda, Castillo de Locubín, Las Canteras en Jimena y Bedmar y el de Hoya del Pino, ubicado en Siles–; uno más en Córdoba –La Chacona, en Cabra–; el de Fuente Leona en Huelva; y siete radicados en Sevilla –los tres citados al inicio, a los que se sumarían el de Bellavista, en Alcalá de Guadaíra, otro más en Arahal, El Chaparral en Écija y uno en Morón de la Frontera–.

El de Bellavista es el único que permanece activo tras haberse adaptado a los requisitos de la referida directiva europea y el Real decreto 1481/2011 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

La Comisión Europea había pedido documentación expresa sobre los vertederos de El Patarín y de Carretera de Almadén de la Plata, ambos en Sevilla, porque consideraba que «habrían debido ser objeto de una evaluación para comprobar que cumplían las exigencias de dicha directiva y que, de no ser así, habrían debido cerrarse lo antes posible o ajustarse a esas exigencias antes del 16 de julio de 2009. Sin embargo, es manifiesto que no se realizó esa evaluación» ni obras de adaptación a la normativa, recalca el texto de la sentencia.

Los trabajos de sellado incluyen la limpieza y retirada de residuos voluminosos, la estabilización física del vertedero, el control de lixiviados y aguas superficiales, así como la eliminación de restos inertes y la posterior restauración ambiental. Su retraso potencia la posible contaminación de aguas subterráneas y superficiales o suelos, además de entrañar riesgos sanitarios. El coste de la regeneración de quince instalaciones entre 2014 y 2015 se elevó a 15,34 millones y permitirá recuperar medioambientalmente 577.000 metros cuadrados. Precisamente la UE cofinancia este tipo de actuaciones, que deben además someterse a seguimiento.

El basurero incontrolado de Torremolinos

«El vertedero de Torremolinos permanece inactivo». Así lo confirma la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La instalación, denunciada insistentemente por Ecologistas en Acción, estuvo recibiendo residuos de manera ilegal pese a existir un auto judicial que ordenaba su cierre. En este caso, la clausura corresponde al Ayuntamiento malagueño, que ha ignorado reiteradamente los requerimientos tanto por vía administrativa como judicial de la Junta para acometerla. «Al no haberse logrado que los requerimientos sean atendidos, la autoridad ambiental ha decidido recurrir a los mecanismos de ejecución forzosa recogidos en la Ley 30/92, en concreto, a la ejecución subsidiaria», según indican fuentes de la Consejería, que aseguran que «está previsto que a finales de año esté redactado el proyecto técnico de clausura, vigilancia y seguimiento postclausura».