La Junta simplificará y digitalizará los protocolos para reducir la espera a los dependientes

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, anuncia un Plan de choque ya que más de la mitad de los beneficiarios moderados con derecho a una prestación y un 10% de los más graves no la reciben

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado este miércoles un "plan de choque"para reducir el tiempo que se tarda en valorar a las personas dependientes y reconocerles el derecho a una prestación, ya que según ha dicho el 59% de los dependientes moderado (grado I), el 14% de los severos (grado II) y el 10% de los grandes dependientes (grado III) no están cubiertos.

Ruiz ha avanzado que para ello pretende unificar los procedimientos de valoración y elaboración del plan invidual de atención (PIA), simplificando los protocolos, algo reclamado por los trabajadores de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos a los que se ha consultado. Y también se avanzará en la digitalización de los trámites, para lo cual se contará con 12 millones de euros procedentes del Gobierno central correspondiente a un programa de ayudas a las administraciones para avanzar en la tramitación telemática que la Junta ha solicitado.

Las leyes de Dependencia estatal y andaluza fijan un plazo de seis meses desde que una persona presenta una solicitud hasta que comienza a recibir su ayuda económica o servicio, tres para su valoración y otros tres para elaborar el PIA. Sin embargo, la consejera ha denunciado que "es evidente que hoy esos plazos no se cumplen"con lo que se "vulnera"la ley y aboga por unificarlo todo en un procedimiento, "redefinir competencias"y reformar los tipos de prestaciones para cada grado. Ello ha llevado a la diputada del PSOE, Soledad Pérez, ha alertar contra una apuesta por "prestaciones low cost"primando las ayudas económicas sobre los servicios, tras la apuesta del anterior Ejecutivo por éstos, pues inicialmente las económicas se desbordaron, hasta llegar a un 70% de servicios que "crean empleo"(ayuda a domicilio, centros de día y residencias).

Ruiz ha rechazado hablar de "low cost"pero sí de repensar las prestaciones más adecuadas para cada grado de dependencia.

Ante la duda de la diputada socialista de que es "imposible reducir las listas de espera sin dinero"-según Pérez el anterior Gobierno tenía previsto aumentar en cien millones la partida del sistema de dependencia en los presupuestos de 2019-, Ruiz ha defendido que ya ha hablado con el consejero de Hacienda y existe el "compromiso"de un incremento presupuestario en la materia si bien ha insistido en que sí hay margen de mejor mediante la simplificación y digitalización de los trámites y así lo indican los propios trabajadores del sistema.

Andalucía atiende a 224.300 dependientes, uno de cada cinco del país, y Ruiz ha defendido que "somos la comunidad autónoma que más ha desarrollado"la ley, pero "la principal debilidad, el talón de Aquiles que el Gobierno socialista no ha consolidado es el excesivo tiempo que se tarda en reconocer el derecho". Hay un 10% de grandes dependientes, un 14% de dependientes severos y un 49% de dependientes moderados que ya están valorados y tienen reconocido un grado de dependencia con derecho a prestación pero o aún no cuentan con PIA (y por tanto no tienen asignada una ayuda o servicio) o lo tienen ya todo pero no se benefician aún de la misma. No obstante, según concretaron desde la consejería de Igualdad, no todos ellos han sobrepasado los plazos legales esperando. Además hay que recordar que el Gobierno central de Mariano Rajoy paralizó la incorporación al sistema de los dependientes moderados, prevista en 2011 según el calendario de la ley, por los recortes, por lo que no empezaron a recibir ayuda hasta 2015 (quienes tras solicitar su valoración y obtener ese grado, quedan en un impass sin elaborarse el PIA ni reconocérseles el derecho).