La Junta tilda de «chantaje» el FLA, pese al ahorro de 7.336 millones que supone

La consejera de Hacienda lamenta que se paguen 1.700 millones en intereses hasta 2020.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, criticó que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es «una especie de chantaje» a las comunidades autónomas donde el Gobierno central «atenta contra la arquitectura constitucional al emplear este fondo como instrumento político para la recentralización de competencias hacia el Estado». Pese a ello, la consejera reconoció que ni por el momento ni tampoco en los próximos presupuestos que está elaborando la Junta para 2017 se plantea sistemas alternativos, vía acceso al mercado, para conseguir financiación.

En una entrevista con Europa Press, Montero precisó que «todavía no hay claridad en los mercados financieros y la recuperación económica no ha despejado esa duda que permita que la salida de las comunidades autónomas a los mercados financieros se haga en unas condiciones adecuadas de pago e intereses». «Todavía es pronto y hay que esperar que la situación financiera se reequilibre, pero es nuestro objetivo y vocación», insistió, para lamentar que «cada vez que hay un instrumento de auxilio a las comunidades, se utiliza de forma torticera para restarnos competencias aunque sea de forma voluntaria».

Estas críticas contrastan con la realidad de que la aportación del Gobierno ha supuesto un ahorro en intereses a Andalucía de 7.336 millones de euros desde 2012, según la información facilitada esta misma semana por el delegado del Gobierno, Antonio Sanz.

Contestaba así a las críticas de la titular de Hacienda, que acusó al Gobierno de «hacer de banquero con las comunidades autónomas, algunas veces incluso con usura», tras asegurar que la Junta «va a pagar 1.700 millones de intereses de aquí al 2026». «Les han ayudado a resolver sus problemas de financiación a muy bajo coste» y «cuando nadie les prestaba dinero», remarcó Sanz.

Montero, sin embargo, considera que esos instrumentos los ofrece el Gobierno «no para darnos más financiación sino para evitar que salgamos a los mercados». A su juicio, «se ha valido de lo que tenemos que firmar obligatoriamente para poder adherirnos al FLA para centralizar sistemas de información, registros o cuestiones que no tienen nada que ver, pero la única posibilidad que tiene de intervenir es por la vía voluntaria y la ha utilizado» para ello.