La Junta utiliza la Ley de Retracto para una promoción por primera vez en 13 años

Adquiere con la norma de tanteo, que data de 2005, el primer grupo de viviendas en Santiponce (Sevilla)

La cercanía electoral se deja notar en cada acto público. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunió ayer con la alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova, para explicar los detalles y términos de una operación inmobiliaria de compra que tendrá un coste de 780.000 euros para la Administración autonómica. La Junta de Andalucía ha adquirido el primer grupo de viviendas en aplicación de la ley de tanteo de 2005 –hasta ahora sólo había adquirido propiedades individuales– para «evitar el desahucio de 58 familias con recursos limitados y residentes en dos promociones públicas del municipio sevillano de Santiponce, que corrían el riesgo de caer en manos de un fondo de inversión al encontrarse la sociedad promotora municipal de estos inmuebles en concurso de acreedores tras su quiebra». López aprovechó el acto para arremeter contra las políticas de PP e IU. «Frente a una posición de venta de parque público a fondos de inversión y otra que es literatura vacua, está la posición responsable del Gobierno de Andalucía, que se toma muy en serio la defensa de los intereses de los grupos más débiles en el acceso a la vivienda», señaló López. Las elecciones anticipadas están cantadas.

Los 32 y 26 inmuebles de las respectivas promociones pasarán a formar parte del parque público de vivienda de la Junta, que cuenta con más de 50.000 viviendas en alquiler en toda Andalucía destinadas a familias con dificultades y escasos recursos. La compra ha sido posible gracias a la aplicación de ley de tanteo para vivienda protegida de 2005. «Venimos a resolver un problema social importante», señaló Felipe López. «¿De qué se trata? Una empresa pública de vivienda entró en concurso de acreedores, hace ya algún tiempo, gobernaba el municipio IU, lo digo a efectos puramente descriptivos, y el Gobierno de Andalucía, a través de la traslación que ha hecho la alcaldesa en los últimos meses, decidió utilizar el derecho de tanteo para que este grupo de viviendas, 58 en total, no acabaran en manos de un fondo de inversión», explicó Felipe López. «Estamos haciendo una tarea de la orientación de la política social que en este momento representa la política de vivienda. Me parece muy importante enfatizarlo porque a lo largo de los últimos años, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha intentado ser pionero en la lucha contra los desahucios y se ha dotado de diferentes herramientas, la última la ley de tanteo y retracto para vivienda libre. Estamos aquí utilizando un elemento que ya existía para vivienda protegida. Lo que hemos hecho es ampliar esa caja de herramientas para utilizarla también si llega el caso y es necesario en el derecho de tanteo como derecho de compra preferente en vivienda libre», añadió. «Es importante significarlo porque a este Gobierno lo sostiene el Partido Socialista y no todo el mundo tiene la misma percepción y la misma opinión de las cosas. Tampoco la misma actuación. El Partido Popular ha estado vendiendo parque público en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, a fondos buitre, a fondos de inversión que tienen el objetivo de maximizar sus ventajas económicas independientemente de la situación de los inquilinos y de las circunstancias sociales y económicas que les rodean. IU desde la posición supuestamente de defensa de los más débiles lo que monta es una escalera de peldaños demagógicos pretendidamente para alcanzar el cielo pero que en la práctica no aporta nada que sea útil a la solución de los problemas reales de los ciudadanos. Es lo que estamos haciendo con esta decisión. La ley de tanteo y retracto última la votó en contra el grupo de IU. Y nos parece absolutamente inconsecuente, incoherente, falto de responsabilidad, que cuando estamos hablando de aportar soluciones eficaces ante un problema como éste, se está más en la posición de la crítica banal y no se apoye al Gobierno cuando está dotándose de herramientas que son útiles como se demuestra ahora para resolver el problema», criticó López.

La Junta depositó ayer en la notaría los 780.000 euros de esta adquisición, que es el importe por el que habían sido adjudicadas las viviendas a la mejor oferta dentro de la subasta promovida por el administrador judicial en el concurso de acreedores. López insistió en que «con esta iniciativa se va a evitar que estas viviendas pasen a un fondo de inversión, que no es una ONG ni tiene interés en velar por la protección de las familias residentes y que vendría a especular y podría subir el alquiler a las familias para terminar desahuciándolas y eso se va a evitar gracias a la aplicación de la ley de tanteo que nos permite actuar ante estas situaciones en favor de las personas con más dificultades».