La ley de Atención Temprana no se detiene pese al rechazo de la Junta

El PSOE acelera la presentación de un decreto con el «oscurantismo» del Cermi-A para «no decir que el coste de la ley es inasumible porque prefieren atender a otras cuestiones» y no a los menores con trastornos, según Podemos

La ley de Atención Temprana va camino de hacer historia en Andalucía. Si todo discurre como hasta ahora, por primera vez en el Parlamento legislará la oposición en la comunidad. El proyecto presentado por Podemos en nombre de la Plataforma por la Atención Temprana, con el apoyo expreso de Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida entrará en la fase de toma en consideración en el mes de febrero y de ahí pasará a la comisión de Salud, abriéndose el plazo para la presentación de enmiendas. Todo ello pese al tajante rechazo del Gobierno andaluz, partidario de seguir utilizando la vía del decreto para regular el servicio público para no admitir que «el coste –107 millones– es inasumible porque se prefiere atender otro tipo de cuestiones», según transmitieron ayer los representantes de las familias y del grupo parlamentario de Podemos, y que «la política de recortes no puede asumir ni una prestación más en la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS)» como se impone en el proyecto de ley presentado el pasado 23 de noviembre.

La Atención Temprana, para muchos desconocida, asiste en Andalucía a más de 20.000 menores de cero a seis años con trastornos de desarrollo o riesgo de sufrirlos. Basta decir que uno de cada cien partos en la actualidad genera un caso de autismo. Es sólo uno de las posibles enfermedades. La situación actual es crítica. La dotación presupuestaria es insuficiente y los tratamientos que en muchos casos sanarían a los menores no se completan. La Plataforma por la Atención Temprana ha logrado aglutinar a las familias, a los profesionales que ofrecen el servicios y a un buen número de asociaciones y centros que se han desmarcado del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-A), único interlocutor que la Junta da por válido a la hora de negociar.

Precisamente ayer, poco después de que la Plataforma mostrará su disconformidad con el «ignorante» y «ruin» dictamen ofrecido por el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, al proyecto de ley, el Cermi presentaba en el Parlamento un borrador de decreto de Atención Temprana, cuyos representantes ya han sido convocados por el PSOE e IU.

El borrador «se fundamenta en los criterios de universalidad, gratuidad, especialización y en la atención directa a los menores» y garantiza la continuidad de la gestión de las asociaciones a través de la fórmula del concierto social. Intenta, además, agilizar el proceso en los distintos tratamientos que necesitan estos niños, en aras de mejorar la calidad de vida de los menores y sus familiares.

Pero no se reflejan los dos fundamentos básicos que la ley de la Plataforma impone: dotación presupuestaria de 107 millones para que sea integral, entrando en vigor a partir de enero de 2017, y la inclusión de la atención en el SAS, algo básico para diagnósticos y tratamientos rápidos y adecuados.

Esperanza Gómez, parlamentaria de Podemos y madre de un menor con síndrome Down, no teme que este borrador de decreto cambie nada. «No nos va a limitar aunque nos gustara, porque la Atención Temprana no puede quedar al arbitrio de ninguna Administración y queremos que sea una norma con rango de ley duradera para que todas las administraciones estén obligadas a dar una atención temprana de calidad, universal y gratuita», dice. Y hace una precisión, porque «ninguno de nuestros niños se beneficiarían de esa nueva frecuencia de sesiones necesarias, sería para niños derivados a partir de 2017».

Antonio Guerrero, además de reiterar las críticas al Gobierno de Susana Díaz por las formas empleadas para «atacar» a Podemos y a las familias, explicó que no comparten el criterio del PSOE respecto a la existencia de una ley específica, apoyándose en una mención en la Constitución o en los derechos de la infancia en los Estatutos de Autonomía. «Este PSOE es el peor de toda España por negarse sistemáticamente a que los niños tengan cubiertas sus necesidades», dijo. Una expresión repetida por Esperanza Gómez, al recordar que la propuesta de ley era tildada de «trasnochada» por el Ejecutivo andaluz. La podemista consideró como «argumentos peregrinos» los utilizados por un «Gobierno que no está a la altura de la situación». «Tienen pánico a que se apruebe una ley por primera ves sin contar con su apoyo y ahí está la dureza del ataque. Esta situación no se daría en otros territorios de gobiernos socialistas», añadió.

En Andalucía se calcula que hay unos 30.000 menores con necesidades específicas. La inversión necesaria para cubrir las necesidades se calcula que ascendería a 107 millones de euros, el equivalente a 2,8 milésimas del presupuesto de la Junta de Andalucía, que asciende a 32.117 millones. «Me tienen que demostrar cómo se desestructura un presupuesto con 2,8 milésimas de punto», repite Guerrero, portavoz de una plataforma que ya ha conseguido la aprobación de una Proposición no de Ley y que asegura contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la oposición, incluido el de Ciudadanos. En los próximos dos meses habrá tiempo de conocer la ley.

«Pago más de 400 euros al mes y no llego»

«No es cuestión de política, es de voluntad». Lo dicen los padres. Un grupo de ellos, con sus menores, acudieron al Parlamento. No les dejaron disponer de la sala de prensa, pero no perdieron la oportunidad de exponer su lucha y la rabia que sienten porque muchos no pueden ofrecer a sus hijos el tratamiento que tanto le ayudaría a tener un futuro mejor. «Ya no llegábamos a final de mes y he tenido que sacar a mi hijo de la asociación», dice uno de ellos. Otra madre explica el proceder: «Cuando entras te dan a elegir: ¿prefieres que tu hijo se relacione con los demás, que se comunique bien o que haga fisioterapia? Es lo que ellos pagan, el resto sale de la economía familiar. En mi caso, más de 400 euros al mes». Eso quien tiene suerte y vive en la capital. «Se justifican con unos servicios educativos que no tienen para no incluir el servicio en el SAS. Es una pena».