La muy peligrosa quita de Miquel Iceta

El candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalidad catalana ha pedido la condonación o quita de la deuda pública de esta región. Los datos más recientes de esta cuantía corresponden a septiembre de este año y están disponibles en la web del Banco de España. Los datos se calculan con arreglo a lo que se denomina protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea y ascienden a 76.831 millones de euros. Cataluña es, con diferencia, la región más endeudada de España seguida a considerable distancia por Valencia cuyo volumen de endeudamiento es de 44.435 millones y por Andalucía con 33.631 millones de euros. Al margen del componente electoralista de la medida y de haber sido contestada por representantes de su propio partido, su formulación no está muy lejos de la lógica que ha impregnado la financiación de las autonomías, una financiación cuya reforma está actualmente sobre la mesa. A esta lógica le llaman los economistas «restricción financiera blanda».

El propio informe de la comisión de expertos a la que se encomendó elaborar las líneas maestras de la nueva reforma advirtió que «El estilo negociador seguido en el pasado, de inyectar sistemáticamente fondos adicionales en los momentos de renegociación del sistema, asegurando en paralelo que ninguna comunidad recibiría menos fondos que los que venía percibiendo anteriormente, es una muestra del problema de laxitud presupuestaria blanda apuntado y un claro estímulo a la renegociación continua, puesto que el resultado de este sistema de negociación es siempre un incremento, mayor o menor, de fondos en todas las CCAA». En definitiva Miquel Iceta no ha hecho otra cosa que lanzar una propuesta en pleno proceso de reforma de un sistema de financiación que siempre que se ha revisado ha acabado poniendo más dinero en manos de los gobiernos autonómicos. En esta ocasión, el candidato socialista pide un premio adicional en forma de condonación de la deuda a la región que más se ha endeudado.

Financieramente la medida es extraordinariamente peligrosa sin ni siquiera entrar en el tipo de gastos que han azuzado este endeudamiento y que han ido orientados a favorecer la secesión, en lugar de atender a los servicios públicos. Por supuesto que si en algún momento el Estado español, esto es, usted o yo, asume la deuda de Cataluña, olvidémonos de futuros equilibrios en las cuentas económicas autonómicas y esperemos una pronta actitud similar de los gobiernos municipales. El mensaje inmediato que esta decisión transmitiría es crear una fundamentada expectativa de rescate de cualquier gobierno por parte del Estado. Los economistas utilizan el término anglosajón «bail-out» para referirse al rescate.

Los expertos que han trabajado en el informe para la reforma del sistema de financiación autonómico han advertido claramente de este riesgo. En concreto han señalado que «la existencia de expectativas de rescate (o bail-out) junto a la existencia de autonomía para el endeudamiento puede provocar un recurso excesivo a esta vía de financiación y acabar trasladando el problema financiero a la Administración central, que se vería en la tesitura de tener que transferir más recursos a las Administraciones autonómicas más endeudadas, actuar de comprador de sus bonos o, en última instancia, condonar la deuda acumulada. En esta situación, el mecanismo natural de disciplina fiscal en una democracia (para gastar más hay que subir impuestos y esto tiene un coste electoral) deja de funcionar y resulta muy difícil resistir la presión para incrementar el gasto». Indudablemente, la permanencia del Fondo de Liquidez Autonómica no ayuda a acabar con el incentivo a la expansión del gasto.

Las administraciones autonómicas son, actualmente, las que más recursos financieros y humanos administran. El interés de su supervivencia nace, principalmente, de quienes viven de sus presupuestos. Este interés corporativo es tan alto que anatemiza cualquier propuesta de revisión de sus competencias para evitar situaciones de adoctrinamiento escolar o de insumisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad como ha evidenciado el desafío secesionista catalán pero que en la parte escolar, también se percibe en Valencia o Baleares. La situación va contra la lógica de la eficiencia en la prestación de servicios públicos que recomienda que sean prestados por las administraciones públicas que garanticen su provisión sin discriminar entre ciudadanos y con arreglo a la legalidad.

En este sentido, y en las antípodas de la reivindicación de Miguel Iceta, en el informe sobre la financiación autonómica se incluyen contenidos que merecen subrayarse enfáticamente. Particularmente tres. El primero es la denuncia de la falta de contribución de las regiones forales (vasca y navarra) a las transferencias horizontales para garantizar la nivelación en los recursos (son las transferencias entre regiones con capacidad recaudatoria diferente). La advertencia es clara; peculiaridades sí, privilegios, no. El segundo es la recomendación de caminar a una Administración Tributaría única con participación consorciada de las administraciones regionales. Este camino favorecería la reducción de la falta de equidad entre contribuyentes que se deriva del fraude fiscal sobre todo si se tiene en cuenta que los movimientos internacionales de capitales hacen de esta lucha algo cada vez más sofisticado y alejado de las posibilidades técnicas de las pequeñas agencias tributarias. Por último, el informe recomienda la creación de un fondo de estabilización presupuestaria, esto es, una hucha en la que las regiones ahorren recursos en las etapas de bonanza con los que mejor trampear los años de crisis. Es la única medida que ayudará a la consistencia temporal en la capacidad de atender los servicios públicos. Una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión es que el sistema de financiación regional ha sido extraordinariamente sensible al ciclo.

Pero si nada de esto se hace, el escenario de llegada ya lo ha escrito el mencionado informe, «un mal diseño del sistema de financiación puede desembocar en una situación de restricción presupuestaria blanda; esto es, en la percepción por parte de los responsables autonómicos de que es posible aumentar los recursos transferidos por otros niveles de la administración evitando los costes políticos de subidas de impuestos o rebajas de gasto para cuadrar el presupuesto».