La oposición critica la falta de consenso con el decreto-ley de las guarderías

Pese a asegurar que la tramitación del decreto de Educación Infantil se hace «tarde y mal» y calificar como «muy deficiente» la gestión de la consejera Adelaida de la Calle, Ciudadanos señaló que votará a favor de una iniciativa duramente criticada por toda la oposición, que afeó al Gobierno andaluz la falta de consenso y el «desprecio» al Parlamento al recurrir a la vía de urgencia para su tramitación. Mientras se producía el debate –la votación será hoy–, unas 500 personas protestaban en el exterior del Parlamento como extensión de una huelga en el sector convocada por CC OO que prosigue esta jornada. Los convocantes cifraron en un 85% el seguimiento del paro en las guarderías conveniadas mientras que la Junta lo redujo al 17%.

De la Calle señaló que 300 centros se han adherido al convenio para la escolarización en el Primer Ciclo de Infantil, por lo que el próximo curso habrá 15.016 nuevas plazas, elevando la oferta a 113.019. Del 24 de abril al 8 de mayo se podrá realizar la reserva y las familias podrán solicitar también las subvenciones. El 9 de mayo se publicarán las vacantes y hasta el 26 de ese mes se podrán solicitar. Del 22 de junio al 5 de julio se deben formalizar las matrículas. El plazo se amplía hasta el 18 de julio para la lista de espera.

La consejera justificó la tramitación de urgencia escudándose en que en julio finalizan los convenios y resaltó que el nuevo modelo favorece la oferta, ya que permite elegir entre cualquier centro autorizado, público o privado. El sistema de ayudas, defendió, pasa de cuatro a nueve tramos, lo que beneficiará «a quien más lo necesita».

El socio del PSOE, también para la aprobación de este decreto, Cs, achacó al Gobierno andaluz que «les ha faltado humildad». «Desde Cs le hemos dicho sí al decreto, pero con una aportación extraordinaria de 3 puntos por encima de la media de crecimiento del Presupuesto», señaló Juan Marín. «El decreto es muy mejorable», indicó, quejándose de «errores de salto en tres tramos».

Por parte del PP, Carmen Crespo, destacó que «Susana Díaz no trae un decreto sino un nuevo conflicto social». Se trata, dijo «de un decreto sin consenso». «¿Desde 2009 no podía hacerlo el Gobierno andaluz?», cuestionó, añadiendo que el aumento presupuestario para 12.000 plazas debería ser del 12% al suponer casi 26 millones de euros de más inversión y se va a quedar en un 1%. «Es un recortazo. Las plazas salen de restar la bonificación a las familias. ¿Qué progresividad es ésta? Es un atentado a las clases trabajadoras», criticó Crespo, que avisó de «una guerra de precios que repercute en la calidad. Habrá escuelas de primera, segunda y tercera». El PP también dejó un aviso para Ciudadanos: «El camino no es la corrección de errores de salto, señor Marín, sino no apoyar el decreto». Los populares solicitaron que la regulación de las guarderías «se tramite a través de una ley, para que todos los grupos presenten enmiendas». «Se ajusta la educación por el precio. El 95% del sector son mujeres. No es un negocio, es la educación pública de Andalucía», censuró el PP-A. Posteriormente, tras charlar con los representantes del sector presentes en la tribuna del Parlamento, el líder popular Juanma Moreno se comprometió a derogar el decreto-ley de Infantil si llega a la Presidencia.

La diputada de Podemos Libertad Benítez señaló que «por sentido común, no creemos en este decreto pese a retoques cosméticos», argumentando que «las medidas más perversas siguen intactas». Para Podemos, la norma supone «liberalización y precarización de primer ciclo infantil» con «una subasta a la baja entre centros, que pone en riesgo sus condiciones» «Las familias mileuristas que necesitan conciliar serán las grandes perjudicadas», destacó, incidiendo en que «el decreto perjudica a las mujeres y las familias con menos recursos». «El modelo feminiza la precariedad, destruye empleo. Beneficia a las grandes empresas y al lobby de la concertada», resumió Libertad Benítez, que también se refirió a la posición de Cs: «Después del sablazo a las familias de la atención temprana, pensábamos que tenían algo de pudor para trapichear».

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, criticó la elaboración «a prisa y corriendo» del decreto y acusó a la consejera de una «absoluta negligencia» por no reunir a la Mesa de la Educación Infantil con la «excusa» de que en julio culmina la vigencia del actual convenio. Finalmente, la socialista Olga Manzano defendió que «han sido los gobierno socialistas los que han apostado por la educación infantil, sin que sea obligatoria».