La Policía atribuye a la Junta intención de «dificultar» su trabajo

El discurso del «respeto» y la «colaboración» con la Justicia lo han repetido una y otra vez la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los miembros de su equipo en los últimos meses cual mantra memorizado ante preguntas sobre corrupción. Sin embargo, la Guardia Civil ha pedido a algún juzgado que vuelva a requerir a la Administración autonómica documentos que nunca llegaban –lo hizo la Unidad Central Operativa (UCO) al de Instrucción número 6 de Sevilla el 1 de abril en la «macrocausa» sobre los cursos que arma, por ejemplo– y la Policía también ha cuestionado esa cacareada cooperación. Prueba de ello es que en la ficha policial de investigación centrada en El Paraíso de la Dehesa SL, empresa ligada al ex alcalde socialista de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado que obra desde el verano de 2015 en poder del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que también dirige una causa sobre las actividades formativas subvencionadas por el Gobierno andaluz, los investigadores llegan a plantear que se haya intentado «dificultar» su labor.

Tras el análisis del expediente sobre una ayuda de 202.820 euros que la Dirección en Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la consejería que dirige José Sánchez Maldonado, le concede a El Paraíso en 2011, los agentes dejan constancia de que «entre la documentación» que les entregó «la Consejería de Educación, Delegación Territorial de Huelva –las competencias en formación han pasado del departamento de Empleo a Educación y de éste, de nuevo al anterior– se han utilizado folios para reciclar, con tachones que indican que son caras que no hay que tener en cuenta», lo que complicó «enormemente» la «comprensión del conjunto de toda la documentación». «Se ha deducido –explican al órgano judicial los investigadores– que algunas hojas están fotocopiadas a doble cara y en ocasiones se intercalan con folios con tachones o con otras partes del expediente que están desordenadas». A ello se sumó que les trasladaron «algunos documentos repetidos, unos con las firmas correspondientes y otros pendientes» de rúbrica y, en ocasiones, «sesgados», al aportárseles «únicamente alguna parte». En esa categoría englobaron el caso del acuerdo de inicio de expediente de reintegro parcial que el Ejecutivo regional abrió a la empresa vinculada al ahora investigado Rodríguez Nevado, «del que sólo se facilitan los folios números impares».

«Todo esto lleva a pensar –se asevera en el trabajo policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN– que la intención de la Junta no era otra que intentar dificultar la investigación de este expediente».

Al margen de esa queja, que expresan de forma quizá algo menos contundente pero en la mayoría de los informes sobre el rosario de empresas analizadas por el juzgado onubense, la Policía llama la atención sobre el hecho de que en el «punto segundo» del mencionado acuerdo de reintegro de fondos públicos, se recogiera que El Paraíso de la Dehesa SL «ha cumplido con el plazo de entrega de la documentación justificativa, que era el 5 de diciembre de 2011». Y es que, tras sus pesquisas, comprobaron que existen «dos solicitudes de aplazamiento» y el «secretario provincial del SAE firma una segunda concesión de prórroga a fecha 12 de diciembre» de aquel año. Es más, mantienen al final que la «documentación justificativa» no se presentó hasta «el 2012».

El sumario del proceso del juzgado onubense de instrucción también sirve para rebatir otras afirmaciones oficiales. El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, mantuvo en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas por el presunto fraude en los cursos, que se había producido «relajación» en los mecanismos de control de las subvenciones con cargo a los fondos públicos formativos, lo que dio lugar a que se produjera «menoscabo» de los mismos. Tanto el Gobierno autonómico como el grupo parlamentario socialista han rechazado esas acusaciones. Si bien, otro informe policial sirve para respaldar lo expuesto por el interventor. Está protagonizado por la sociedad limitada Escuela La Playa de Mazagón a la que el SAE adjudicó una ayuda de 68.060 euros en 2011 y se le otorgó otra de 40.199 en 2010, cargada al programa presupuestario 32D. La entidad está relacionada con otro de los empresarios señalados en el proceso judicial, Javier G. V. entre cuyas entidades, los agentes observan «un flujo constante» de movimientos.

En relación a la subvención de más de 68.000 euros, la Policía censura que se la dieran, para un curso de cocina, pese a que la sociedad tenía en aquel momento deudas con la Seguridad Social, lo que está prohibido de forma expresa por la ley. Tras estudiar el expediente concluyen que Javier G. V. «solicitó la subvención para obtener beneficio» y por parte del SAE hubo «una dejadez absoluta». «Cuanto menos», matizan, «en el control y supervisión previos» al riego de fondos, además de en «las acciones de seguimiento que debería haber realizado» durante «el supuesto plazo de realización del curso». «Con una mínima diligencia debida –rematan– hubiese determinado que dicha entidad no debía haber recibido fondo público alguno».

Una «dejación» por parte del Gobierno andaluz que persistió,de acuerdo al dibujo policial, a pesar de que una alumna, María José V. G. advirtió a la Administración de que se había incumplido el compromiso de contratación que conllevaba la ayuda y de que un grupo de sus compañeros avisó de que les obligaban a adoptar unos horarios para cubrir los periodos de «más trabajo del restaurante ‘El remo’», consiguiendo «mano de obra gratis» para el mismo, según los agentes.

De hecho, entre la hilera de irregularidades detectadas por los investigadores se encuentra el que los albaranes de compra del curso parecían «responder más a las necesidades propias de un negocio de restauración» que de una actividad formativa. Se compraron «de una sola vez 50 kilos de carne» o «12 kilos de frutos de mar», y se imputaron como costes «la compra de banderillas de atún y queso» o «solomillo de atún con cerezas», que ya estaban elaborados. Y hubo más. Existe una factura de Paulapesca SA, anterior al inicio del curso, en la que se recoge la adquisición de «13 kilos de queso, 20 de carrilleras y albóndigas de choco» ya hechas también. La compra de la ristra de los otros productos se habría llevado a cabo cuando la actividad formativa se encontraba «en la fase teórica».