La Policía eleva el caso Infoca a una red de «reparto» nacional del mercado del fuego

Sostiene ahora que Andalucía era «la zona de influencia adjudicada» a Faasa, empresa a la que la Junta ha otorgado más de 12 millones. La agencia IDEA trasladó un «listado incompleto» de los incentivos a la Intervención, que tiene que auditarlos a petición del juzgado

El peso de las acusaciones dura y a veces incluso se eleva. La Policía Judicial avanza en el «caso Infoca». Ha remitido al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que arma las diligencias que prendieron con la denuncia de un funcionario en torno a un concurso de la Junta ligado al Plan Infoca, dos nuevos oficios, uno fechado el 5 de febrero y otro el 8, que así lo constatan. Se contrataron medios aéreos para el periodo que engloba desde 2015 hasta 2018, por un valor global superior a los 62,8 millones de euros.

En ambos nuevos informes, a los que ha accedido LA RAZÓN, los investigadores recapitulan y dejan claro que se encuentran en la tercera fase de indagaciones. En ella se pretende dilucidar si la empresa Faasa Aviación ha sido bonificada con fondos públicos «a fin de hacerla más competitiva ante los concursos y licitaciones». La Policía expone que los indicios obtenidos hasta ahora han «arrojado luz» sobre «dos aspectos determinantes». De un lado, asevera que «la línea» de pesquisas seguida «ha sido correcta en términos generales, es decir, las empresas concursantes venían concertándose para alterar los precios de mercado, extremo que se hubiese podido evitar si el jefe de la mesa de contratación –cargo de la Administración autonómica a quien ya se investiga en la causa– hubiese remitido sus sospechas a la Comisión Andaluza de la Competencia, desde donde probablemente se incoara expediente de sanción administrativa». Pero no lo hizo y así lo declaró.

De otro, los policías explican al juzgado que «la hipótesis que apuntaba» a un «claro favoritismo» por parte del Ejecutivo regional hacia la compañía señalada «pierde peso», aunque en uno de los informes se matiza que ese presunto trato privilegiado «no se descarta del todo». La empresa lo niega de forma tajante. Si bien, lo que ahora plantean los investigadores es que «todo parece indicar que la mercantil ganaba los lotes correspondientes a los concursos de mayor cuantía, porque en el reparto que se hacía entre los responsables de las distintas compañías, la comunidad autónoma de Andalucía era la zona de influencia adjudicada a la citada sociedad». Ello después de haberse producido un cruce de datos con los responsables de otro proceso judicial que instruye el juzgado número 2 de Sagunto (Valencia) y haberse establecido la existencia de una presunta red nacional para repartirse el negocio del fuego, en la que estarían implicados empresarios y ex altos cargos de otras comunidades.

Tras el relato de lo actuado, en uno de los oficios consultado por este periódico, la Policía solicita a la titular del juzgado sevillano, María de los Reyes de Flores, que dicte un auto de mandamiento judicial dirigido a la Intervención General de la Junta para que ésta analice varias cuestiones en torno a los fondos concedidos a Faasa. En relación a ese punto, explica que la Intervención les comunicó que «la agencia IDEA –ente dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que ha actuado a menudo de caja pagadora de las ayudas públicas– les había facilitado un listado incompleto de las subvenciones» recibidas por la sociedad. Una información que completaron consultando el «sistema informático correspondiente». De hecho, a su escrito policial adjuntan un listado de las subvenciones concedidas a Faasa –antes denominada Fumigación Aérea Andaluza SA, se apunta en la parte superior del documento– que, a 16 de enero de 2016, constaban en la base de datos de ayudas de la comunidad, de acuerdo a lo trasladado por la Intervención. Esa relación refleja que desde 2002 se habrían otorgado a la mercantil fondos públicos por más de 12,2 millones de euros, y muchas de las ayudas están vinculadas al fomento del empleo y a formación.

Pero los agentes buscan ir más allá, «como quiera que parece que existe cierta descoordinación entre la información facilitada por la agencia IDEA» y la que «consta en la base de datos de la propia Intervención», deslizan en el informe policial. Pretenden, en esencia, que los auditores de la Administración regional determinen si los incentivos públicos –categoría en la que incluyen tanto las subvenciones como los créditos o las bonificaciones de interés– con los que se benefició a la empresa, se proporcionaron ajustándose «correctamente al procedimiento administrativo a seguir»; si la cuantía otorgada en cada caso se ajustaba a «la legalidad –el porcentaje correcto en cuanto a la inversión privada realizada–; si «se ha vulnerado el número» de bonificaciones permitido; si existe incompatibilidad entre incentivos o «cualquier otra irregularidad en los procedimientos».

Por lo que respecta al mencionado segundo oficio, la Policía demanda en él otro mandamiento judicial, esta vez dirigido a la Agencia Tributaria (AEAT) para que ésta aporte «los modelos 347 –relativos a acciones con terceros– en los que vengan reflejadas las operaciones de compra y venta por más de 3.000 euros» de la compañía, correspondientes a «los años comprendidos entre 2005 y 2001, ambos incluidos».

La magistrada recoge el guante y en una providencia, fechada el 11 de febrero, atiende ambas peticiones policiales.

Faasa quiso dejar claro a este diario hace días que la entidad no había sido «formalmente acusada de ningún delito», ni había «incurrido» en prácticas irregulares.

Ecologistas vincula el «presunto fraude» con los recortes

Desde Ecologistas en Acción, parte personada en el «caso Infoca», lamentan que la Consejería de Medio Ambiente «haya permitido este presunto fraude en las adjudicaciones de los medios aéreos del Infoca y que las empresas se hayan concertado para alterar precios hasta llegar siempre al máximo de licitación». «Ello», apunta Armando Cáceres, «en perjuicio de los medios necesarios para la prevención y la extinción de incendios forestales, que se han recortado seriamente durante los últimos años, tanto los humanos como los técnicos». Un tajo que han sufrido en particular, según apunta, «los trabajadores del Infoca a pie de monte».