La responsabilidad del contribuyente

En España falta conciencia de contribuyente como consecuencia de la extendida idea de que lo público es gratis. Para ayudar a desdecir esa falacia, cada uno de nosotros debemos dedicar un tiempo al análisis del gráfico informativo que se imprime automáticamente acompañando a la declaración del IRPF.

Se trata de un gráfico muy didáctico resultado de la aplicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre en el que se muestra la distribución que se hace de cada 100 euros que pagamos en nuestro IRPF. La mayor parte –un 70 %– se destina a la rúbrica «Servicios públicos básicos» que incluye el gasto en pensiones y prestaciones (la mayor partida con un 40%), la Sanidad (14%), la Educación (9%), Orden Público y Seguridad (5%) y Defensa (2%). Los otros 30 euros de cada 100 se reparten entre infraestructuras públicas (10) y otros gastos públicos que incluyen un nada desdeñable 7% de pago de intereses por una deuda pública que ya supera el 100% del PIB nacional.

Pero aún hay más información en nuestra declaración de la renta que como contribuyentes y ciudadanos debería recibir nuestra atención. Me refiero a la distribución de lo que pagamos por este impuesto principal y va a manos de la Administración regional o a la Administración general (mal llamada central) del Estado.

Como es sabido, el sistema de financiación autonómico (el vigente y algunos anteriores) establecieron que automáticamente el 50% de la recaudación por IRPF se repartía entre la Administración general y la autonómica. Sin embargo, como la recaudación del IRPF la realiza una parte de la Administración general (la Agencia Tributaria), se trasladaba al contribuyente la falsa impresión de que el ogro recaudatorio era la Administración «central» mientras que la Autonómica sólo mostraba el amable rostro del gasto público, ese mismo que con frecuencia se piensa que es tan gratis como el maná bíblico que llovía del cielo. No fuimos pocos los que durante años pedíamos que el contribuyente pudiese ver fácilmente qué parte de su IRPF iba para su región de residencia y qué parte para la Administración general.

Ahora ya basta con seleccionar la opción de «ver resumen de la declaración» para que en apenas dos folios podamos ver qué parte del tipo impositivo que soportamos es «estatal» y qué parte «autonómico», como también es fácil comprobar qué parte de la cuota líquida (la cifra real del impuesto que pagamos) es «estatal» o «autonómica». Con esta información, los ciudadanos-contribuyentes tenemos un dato importante para valorar si la calidad de los servicios públicos que recibimos del conjunto del Estado o de la comunidad autónoma se corresponde o no con el esfuerzo fiscal que una y otra administración nos exige.

La pereza frente a la consulta de estos datos no es argumento desresponsabilizador del ciudadano. De la misma forma que escrutamos la cuenta del restaurante para comprobar si responde o no a lo que nos sirvieron así debemos revisar nuestra declaración de la renta para luego premiar o sancionar con nuestra opinión y –en su caso– voto a los ejecutivos que mejor servicio público ofrecen a cambio del esfuerzo fiscal que se pide.

Naturalmente, queda una terrible pregunta en el aire. Una pregunta que los investigadores denominamos «contrafactual» y que vendría a formularse de la siguiente manera: ¿Cuál sería la cuantía y el reparto del gasto público si, además de pagar yo, hubiesen pagado el IRPF todos los españoles que se llevaron su dinero a paraísos fiscales, a Panamá o a Gibraltar, por ejemplo? O bien: ¿En cuánto se podría rebajar el impuesto que pago si en el reparto de esfuerzo por pagar los servicios públicos entrasen todos los que se escabullen en estos lugares piratescos?

Estas dos preguntas también son de formulación necesaria aunque de respuesta mucho más difícil. Pero no estaría de más que los que realizan cálculos bien fundamentados del fraude fiscal –me refiero a los sindicatos que agrupan a inspectores y subinspectores de Hacienda– realizaran algún ejercicio de este tipo.

Sólo una sociedad bien informada, con conciencia de contribuyente y que no ha dimitido de su responsabilidad de revisar su factura fiscal, de la misma forma que comprueba la lista de la compra, puede acabar con un reparto injusto de la carga tributaria. No debemos esperar que nadie lo haga por nosotros.

* Profesor Titular de Economía de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente. Investigador asociado Universidad Autónoma de Chile