La transición energética no se improvisa

Transitar desde un sistema energético fuertemente emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a otro bajo en emisiones o descarbonizado no puede ser una letanía o mantra más. Es algo que exige tiempo, planificación y una hoja de ruta blindada a cambios en el color político de los gobiernos. Esta hoja de ruta exige que el sistema energético de llegada garantice el suministro (inexistencia de apagones de luz), la seguridad del sistema (por ejemplo sin cambios en la tensión eléctrica), que integre a las energías renovables (para cumplir compromisos internacionales como el de París) y sea económicamente competitivo.

La hoja de ruta parece demasiado sencilla de seguir y sin embargo, no lo es en absoluto. Por ejemplo, cada vez que se da entrada a una nueva planta de generación renovable de las denominadas intermitentes (su capacidad de generación eléctrica depende de factores como el viento o las horas de sol), hay que tener garantizadas plantas «de respaldo» suficientes para responder rápidamente a caídas en la velocidad del viento o en las horas de sol sin que esto se traduzca en apagones. Naturalmente, ni los inversores en tecnologías renovables están dispuestos a arriesgar su dinero sin buenas perspectivas de venta ni los de tecnologías de respaldo si no se les garantiza unos ingresos mínimos por tener sus plantas prevenidas a la espera de una llamada del operador del sistema para que entren en producción. Esto último les obliga a tener –entre otras– las denominadas «reservas rodantes» como respuesta inmediata (menos de un minuto) a cambios bruscos en la capacidad de generación de las plantas renovables o a modificaciones en la demanda. Además, hay que tener en cuenta que las centrales de generación están sujetas a los denominados «mínimos técnicos» de funcionamiento por debajo de los cuales los equipos técnicos se resienten.

Desde hace unos años, una parte clave de los modelos de transición energética desde sistemas muy contaminantes a sistemas bajos en emisiones de GEI consiste en incluir en el sistema no sólo a las plantas de generación renovable sino también a sistemas de almacenamiento eléctrico masivo al modo de una gran batería de la que el sistema hace uso cuando, por ejemplo, la meteorología reduce de la aportación de renovables.

Existen dos sistemas de almacenamiento eléctrico masivo con tecnologías maduras a nivel de mercado; una se retrotrae al siglo XIX y se basa en centrales hidroeléctricas de bombeo que suben agua a una presa situada en una cota elevada con parte de la electricidad que esa misma agua genera cuando cae a otra presa situada en una cota de altura inferior. Se trata de centrales de las denominadas reversibles por utilizar, principalmente, turbinas reversibles que lo mismo permiten «turbinar» para generar energía hidroeléctrica que bombear el agua desembalsada de nuevo a la presa ubicada en la cota superior. El otro sistema de almacenamiento masivo es mucho más reciente, es de tipo electroquímico y consiste en el uso de grandes baterías Tesla. Las baterías se extienden a lo largo de una superficie de una forma que recuerda a los huertos solares fotovoltáicos. El país que más ha apostado por esta opción hasta el momento, es Australia donde se ha instalado una batería Tesla de una capacidad real de unos 60 megavatios. Esta batería resiste un tiempo de funcionamiento de hasta 1.3 horas que suponen un importante colchón para que el operador del sistema eléctrico busque respuesta en centrales convencionales cuya reacción requiera un mayor tiempo. Estas baterías tienen una vida útil de unos 10 años pero esta longevidad tiene todavía mucho más de estimación que de certeza.

España ha apostado, de momento, sólo por las centrales de bombeo y ha tomado como laboratorio las Islas Canarias. El sistema eléctrico canario es el gran laboratorio del almacenamiento eléctrico en España y tiene en la Isla de El Hierro su primer hito. En esta Isla ya se han alcanzado diez días consecutivos de generación eléctrica 100 % renovable utilizando una central de bombeo como sistema de almacenamiento para cuando, por ejemplo, el viento deje de soplar. Téngase en cuenta que la caída en la producción de un parque eólico se puede dar en no más de cinco minutos y en ese tiempo hay que tener una solución de respaldo. Durante buena parte del mes de julio la producción renovable en la Isla de El Hierro fue en más de un 90 % renovable. Así lo detallaron los ingenieros Daniel Pérez y Agustín Marrero en una reciente jornada organizada por la Asociación de Ingenieros Industriales en Andalucía y acogida por Red Eléctrica de España.

Después de la Isla de El Hierro, la segunda apuesta en el sistema canario es el Proyecto Soria-Chira denominado así por el nombre de las dos presas hidráulicas (cada una situada en una cota diferente de altura) en la Isla de Gran Canaria que se interconectarán por una nueva central reversible de bombeo que costará a Red Eléctrica de España unos 300 millones de euros. Se estima que tenga una capacidad de suministro de unas dieciocho horas en el caso de que la producción de las renovables caiga. Este tipo de inversiones para sus dueños se denominan, técnicamente, activos regulados y su coste más los beneficios se recuperan en un plazo de unos cuarenta años a través de pagos realizados por el Estado. El periodo de construcción de la nueva central es de cinco años por lo que, de momento, ya ha implicado a dos gobiernos de signo político diferente. Por eso la transición energética no es terreno para la improvisación.

Con la entrada en funcionamiento de la central de Soria-Chira la aportación de las centrales térmicas (muy contaminantes) será desplazada y esto también habrá que pagarlo, esto es, hay que pagar a los dueños de las centrales a los que ahora se les dice que su electricidad no será necesaria. Normalmente este tipo de «indemnizaciones» se trasladan en una parte a los consumidores finales de toda España en alguno de los componentes de la compleja factura eléctrica y otra parte se financia vía presupuestos generales. Sin ir más lejos, un consumidor canario puede acceder al mismo precio de la electricidad que cualquier consumidor peninsular aunque la empresa generadora canaria reciba una retribución mayor que en España. La generación es más cara en las islas. La diferencia se enjuga en la factura de la luz de todos los españoles y en los presupuestos generales; aproximadamente mitad y mitad.

En definitiva, tomarse en serio la transición energética exige decisiones de largo plazo en un país propenso al corto o muy corto plazo en las decisiones políticas. Si parte de este modelo de decisiones se replicase en otros ámbitos como el educativo, no sólo tendríamos una luz más limpia (de momento no más barata) sino también unas generaciones futuras más lúcidas.

* José Manuel Cansino es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile