La única comunidad que aumenta su gasto en el Consultivo, junto a Baleares

Andalucía y Baleares –Cantabria no cuenta con este órgano– son las únicas comunidades autónomas que aumentan el presupuesto del Consejo Consultivo para 2014. En el conjunto del país, este ente suma más de 25 millones, algo menos que en el presente ejercicio. La partida oscila entre los 4,2 millones de Madrid, que cuenta con esta institución desde 2009, y los aproximadamente 300.000 de La Rioja y Aragón, según datos de Sueldos Públicos.

La función del Consejo Consultivo está en tela de juicio, máxime cuando gobiernos como el de la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones hacen caso omiso de sus deliberaciones. El Consultivo ha constatado que Empleo dio 56 millones en ayudas irregulares y ha avalado el reintegro de 124 subvenciones otorgadas a empresas por la Junta. Previamente a la presentación del anteproyecto de Presupuesto para 2014, el Gobierno bipartito se quejó de filtraciones por parte del Consejo Consultivo a raíz de que el Partido Popular adelantara que la Junta de Andalucía mantendrá el recorte en la paga extra de los funcionarios otro ejercicio más y congelará la Patrica. Los populares hicieron públicos recientemente varios informes negativos del Consejo Consultivo en los que la Junta solicitaba el archivo de los expedientes de reintegro de los ERE fraudulentos.

En la Memoria del Consultivo se asegura que sus dictámenes son asumidos en más del 95% de los casos por las administraciones consultantes.

Andalucía destina 3,38 millones a su Consejo Consultivo, por los 3,34 de 2013. Tras la comunidad andaluza y Baleares, le sigue en gasto Cataluña, con 2,61 millones; Castilla y León y Valencia le asignan también más de dos millones. Baleares, Canarias y Murcia se sitúan por debajo del millón de euros. El País Vasco destina a su Comisión Jurídica Asesora 1,06 millones; Galicia, 1,99 millones a su Consultivo; Extremadura, 1,242 millones; y Canarias, 443.000 euros.

El Consultivo cuenta para el próximo ejercicio con 3.338.171 euros, lo que supone el 0,011% del total, dentro del programa «Alto asesoramiento de la Comunidad Autónoma», con el objetivo de la «emisión de dictámenes» y como actividad «acción consultiva del Gobierno de Andalucía». A su Capítulo 1, destina 2,8 millones; al Capítulo 2, casi 493.000 euros; y a operaciones corrientes, 3,3 millones. En material y suministros, se gastan 319.048 euros. En indemnizaciones por razón de servicio, 151.776 euros. En retribuciones básicas del personal laboral fijo se invierten 106.191 euros; del personal funcionario, 1.139.855 euros; y del personal eventual, 207.000 euros. En el proyecto de Presupuesto de 2014, la Junta destina 17.064 euros para dietas del Consejo Consultivo de Andalucía.

El Consultivo andaluz, presidido por Juan Cano Bueso y creado un 19 de octubre de 1993, fue, con los de Cataluña, Baleares y Canarias, uno de los primeros que se pusieron en marcha en España tras el desarrollo del Estado de las Autonomías. Desde el propio ente, defienden que «el ámbito de las consultas se ha extendido tanto que en la actualidad parece impensable una vuelta a la situación anterior por la incapacidad material del Consejo de Estado para reabsorber la suma de los trabajos que estos organismos desarrollan en las distintas comunidades». La media de dictámenes emitidos en sus tres primeros ejercicios fue de 167, mientras que en los tres últimos se sitúa en 1.054. Para la ubicación de su sede en Granada, fue básico que se identicara ésta como la capital jurídica de Andalucía por la preexistencia de una prestigiosa Facultad de Derecho y el Tribunal Superior de Justicia ubicado en la Real Chancillería, la más antigua de España junto con la de Valladolid. Entre las funciones del Consejo Consultivo destaca su asesoramiento legislativo. Todas las leyes son informadas de manera obligatoria. En Urbanismo, los dictámenes del Consultivo han sido vinculantes siempre que se han planteado cambios en los planes de ordenación urbana que afectan a dotaciones y espacios públicos, docentes, deportivos o de esparcimiento, y suelos destinados a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.