La Universidad aún no ha cobrado los 100 millones prometidos por Griñán

Mientras los estudiantes apuraban las horas de sueño para enfrentarse a los exámenes de junio, el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, reunía en el palacio de San Telmo a los rectores de las diez universidades públicas de la comunidad. Con una puesta en escena sobria, Griñán profundizó en la necesidad de defender el sistema educativo público frente a los recortes y trabas que desde Madrid se canalizaban contra los estudiantes de la comunidad mediante las reformas del ministro Wert.

Sin embargo, la intención de la Junta de Andalucía iba más encaminada a apaciguar a la comunidad universitaria, cuyas arcas contaban, y cuentan, con grandes trabas para poder hacer frente a los pagos pendientes, que a defender las aulas públicas. Después de críticas, amenazas y manifestaciones, Griñán juntaba a los rectores para firmar un acuerdo y defender el sistema universitario, una pieza más del heterogéneo Pacto por Andalucía, y dar la cara por «un factor estratégico para mejorar la productividad, la competencia de nuestros factores productivos, del capital humano y, por tanto, la competitividad de la economía».

La pieza clave para que no se venga abajo este andamiaje es la financiación con la que cuentan los centros, a los que la Administración andaluza debe más de 800 millones de euros. El reparto es el siguiente: Almería (30), Sevilla (190), Granada (243), Jaén (60), Córdoba (34,5), Málaga (144), Huelva (41), Cádiz (59) y la Pablo de Olavide (18). La deuda contraída con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es «mínima y testimonial porque nos corresponde el 1% del presupuesto», explica el centro.

El Gobierno andaluz reconoce que se pueden alcanzar los 900 millones a corto plazo si no se pone en marcha un mecanismo de pago real y próximo. Para acabar con esta descapitalización, Griñán comprometió un programa de transferencias «urgentes» para atender la deuda prioritaria de las sedes académicas. En concreto, la cifra prometida ronda los 100 millones, el 12% del descubierto, que debería llegar antes de que arrancase el curso 2013/14. Durante su discurso, el ya ex presidente precisó que «la Universidad es un servicio público esencial en la transformación de un país», unas palabras que han quedado en el aire, ya que de los 100 millones prometidos, ninguna de las diez universidades que firmaron el acuerdo ha recibido céntimo alguno por parte de la Administración andaluza hasta ahora.

Así lo señalan a LA RAZÓN fuentes la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (Aupa), que concretan que la Junta no ha efectuado ninguna transferencia en estos meses como había prometido el predecesor de Susana Díaz. Sin esos ingresos de «emergencia», la pelota vuelve a estar en el tejado de los rectores, que se dejaron hacer la foto de familia tras «firmar la paz», aunque el rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez Arellano, avisó después del acto de que en el caso de que no hicieran efectivos los pagos, «este rector y la comunidad universitaria de la US así se lo iban a demandar». Concretamente, la situación de la Hispalense es una de las más comprometidas de la comunidad, ya que tiene una deuda con los proveedores que asciende a 60 millones de euros.

Por otro lado, la Junta de Andalucía está pendiente aún de recibir del Gobierno central 100 millones que irían destinados al pago de estas facturas. Así, las universidades andaluzas se acogerán al real decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas, aprobado por el Gobierno central el pasado mes de junio. Una herramienta similar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que estaban excluidas las universidades. Aunque en un primer momento el Ministerio de Hacienda cifró en 500 millones el montante de las facturas sin pagar, el consejero de Economía, Antonio Ávila, reducía esta previsión en 400 millones de euros.