La vuelta de Alaya dará un impulso al caso de los ERE

La magistrada titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que se ocupa entre otros casos del de los ERE fraudulentos, se reincorporó ayer por la mañana a su puesto de trabajo, después de casi seis meses de baja por enfermedad. Alaya ha estado fuera del juzgado desde el 12 de septiembre a causa de unas fuertes cefaleas. En este tiempo, la instrucción de uno de los mayores casos de corrupción destapados en Andalucía –son mil millones de euros los que Empleo libró irregularmente entre 2001 y 2010– ha sufrido un importante parón.

Ante la dilación en la vuelta de Alaya, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se vio obligado a finales de enero a mover ficha para que el juzgado, que, además de los ERE, se ocupa de otras macrocausas –la venta de los suelos de Mercasevilla y el caso contra Ruiz de Lopera por su gestión al frente del Betis– no se quedara totalmente estancado. El TSJA nombró al juez de adscripción territorial Rogelio Reyes para que ayudara a la otra juez de refuerzo: Ana Rosa Curra. Es precistamente esta juez la que en estos momentos se encarga del caso de los ERE fraudulentos, pero muy probablemente la situación cambiará en los próximos días.

Alaya y los otros dos jueces se reunirán para acordar un nuevo reparto de tareas en cuanto vuelva al juzgado Ana Rosa Curra, que está de viaje, según aseguraron a este periódico fuentes del TSJA. Lo que decidan lo tendrán que comunicar al Alto Tribunal y comenzarán a funcionar. Pocas dudas caben en torno a quién se ocupará del caso de los ERE. La magistrada Mercedes Alaya es la que mejor conoce la causa que acumula más de 20.000 folios, en la que ha estado ocupada más de año y medio. Rogelio Reyes, por su parte, es el que se ocupa en este momento de la causa contra Ruiz de Lopera. La vuelta de Alaya supondrá un impulso al caso. Hay numerosos imputado que aún no han pasado por el juzgado. Entre ellos, el delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, condenado también por el «caso Mercasevilla», o el «conseguidor» y ex dirigente de UGT Juan Lanzas.

Hay, asimismo, una importante línea de investigación abierta que comenzó a tomar forma poco después de que Alaya se diera de baja. La Guardia Civil tiene puesta la lupa en cómo se introdujeron la sobrecomisiones en el «circuito financiero» a través de empresas pantalla. Por esta línea de investigación, que permanece bajo secreto de sumario, la Guardia Civil detuvo a mediados de enero al testaferro Juan Francisco Algarín Lamela. Algarín es administrador solidario de una de estas empresas, Distripack Transporte Urgente, de la que cobró 362.500 euros en 12 cheques. La juez Ana Rosa Curra lo envió a prisión, pero salió tras pagar 10.000 euros.