Las cuotas de la concertada y las bitcoins

La enseñanza concertada ha estado durante décadas infrafinanciada por las administraciones públicas. Lo sigue estando. Créanme que sé de lo que hablo. Durante no pocos años tuve la oportunidad de pertenecer a la Junta Directiva de la Federación Católica de Padres de alumnos en Sevilla bajo la presidencia de Juan María del Pino. La insuficiente dotación se evidenciaba de la siguiente forma. Las autoridades regionales de Educación calculaban una asignación económica por puesto escolar que podía no apartarse mucho del coste en la enseñanza pública. Sin embargo, cualquier mejora en las infraestructuras de los colegios concertados tenía que ser financiada con los fondos de sus propietarios procedentes, principalmente, de cuotas de las familias. Con el acceso a la presidencia de Zapatero en 2004 se inició un proceso de fracturamiento de la sociedad española sobre dos pilares; la reapertura de las heridas de la Guerra Civil y una deriva laicista de las instituciones. En el caso de Andalucía y por razones de hostigamiento ideológico –la mayor parte de los colegios concertados son católicos– la Ley de Educación de 2007 prohibió las aportaciones económicas de las familias a los colegios, salvo para las actividades extraescolares. Se buscaba la asfixia económica de estos centros. Frente al hostigamiento a la enseñanza concertada la Administración se encontró una oposición difusa. Por una parte las familias tenían una visión local del proceso focalizada estrictamente en el colegio de sus hijos. Muy pocas entendían la necesidad de tener a un interlocutor general con la Junta. Al mismo tiempo no pocas órdenes e instituciones religiosas promovieron su particular representación de las familias al margen de la confederación regional. Especialmente activa en este fraccionamiento de la representación de las familias fueron los colegios de los Sagrados Corazones y del Opus Dei. Seguramente buscaban reforzar la red entre familias de los mismos centros pero un resultado negativo fue el escasísimo interés en favorecer una representación cohesionada de las familias. La división de familias le vino fenomenal al Gobierno socialista de Andalucía. La otra parte que representaba a la enseñanza concertada estaba principalmente en manos de «Escuelas Católicas», organización que agrupaba a la mayoría de los propietarios de los colegios, pero que también tenía que entenderse con la que representaba a los colegios del Opus Dei (CECE). Mi impresión es que la organización que representaba a los propietarios de los colegios concertados tenía como objetivo mantener los acuerdos de concierto y los empleos de los profesores y empleados antes que el carisma religioso de cada orden.

En las reuniones de las Comisiones de Conciertos siempre adoptaban un perfil bajo de oposición a la Administración. Hubo honrosas excepciones, naturalmente. Además, las congregaciones religiosas estaban en claro retroceso con una presencia de sacerdotes y de monjas muy pequeña que la habían obligado a dejar la gestión de los colegios en manos de laicos. Bien porque las órdenes religiosas no tenían capacidad efectiva de gestión, bien como respuesta a la prohibición del pago de cuotas introducida por la Ley de 2007, la propiedad de muchos colegios evolucionó a la forma jurídica de fundación sin ánimo de lucro. El problema que ahora ha puesto la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la mesa se deriva de la lógica petición de certificados de contribución de las familias a las fundaciones para luego aplicarla como deducción fiscal en el IRPF. El argumento de la AEAT es que si se puede establecer una correspondencia entre la cuantía de las aportaciones y el coste de las actividades extraescolares, entonces las aportaciones a las fundaciones no serían fiscalmente deducibles pues dejarían de ser donativos para considerarse pago por contraprestación. Esto obligaría a una devolución masiva de beneficios fiscales indebidamente disfrutados desde las familias a la AEAT que rondaría los mil millones de euros. ¿Es esto sencillo de hacer por parte de la AEAT? No, en absoluto. En primer lugar la AEAT debería probar que hay una relación clara entre regularidad de pagos, cuantía de los mismos y coste de las contraprestaciones recibidas. Técnicamente sería posible pero sería muy costoso para la AEAT. Sin embargo, en adelante obligaría a cambiar el sistema de gestión de ingresos de muchos colegios concertados que son propiedad de fundaciones. Pero ¿por qué ahora debuta esta actuación de la AEAT? Hay dos respuestas, una corta y otra menos corta.

La respuesta corta es que estrictamente no se puede disfrutar de la deducción fiscal de una donación cuando, en la práctica, la cantidad entregada ha sido a cambio de una contraprestación. Aquí acabaría salvo por un hecho a valorar: a ningún niño se le ha expulsado de colegio concertado alguno por el impago de estas cantidades. Si me apuran, ni siquiera se les ha impedido acceder a las actividades extraescolares o participar en las ceremonias religiosas por no contribuir a financiar su coste (flores, música, etc). Si, además, parte de los ingresos han ido a financiar las mejoras de infraestructuras no cubiertas por el concierto económico, estamos no muy lejos de un donativo. La respuesta menos corta es la siguiente. La velocidad a la que crecen gastos públicos como el gasto en pensiones o en atención a la dependencia es mucho mayor que el ritmo al que lo hacen los tributos tradiciones. La razón es triple. La primera es que la superación de la crisis se ha hecho a costa de salarios más bajos que pagan menos cotizaciones a la seguridad social e IRPF. Al mismo tiempo, buena parte de la actividad económica y de los patrimonios se han movido a países de fiscalidad reducida o paraísos fiscales. Baste decir que la lista Falciani alcanza a 130.000 grandes fortunas con patrimonios posiblemente ocultos en la sede suiza del banco HSBC o que el espionaje fiscal que busca detectar a evasores fiscales es hoy parte muy notable de las actividades de inteligencia de un país. La segunda es que la economía colaborativa hace que a través de las plataformas digitales que ponen en contacto a iguales («peer to peer» o P2P) muchas decisiones de consumo (intercambiar viviendas de vacaciones, coche o comida) escapen de la tributación. La tercera es que las transacciones hechas con monedas virtuales del tipo bitcoin tampoco pagan impuestos. Así, mil millones de posibles deducciones indebidas suponen una cifra demasiado grande para dejarla escapar. Otra cosa, tan grave como el escapismo tributario de la nueva economía en países demográficamente envejecidos como el nuestro, es el hostigamiento a la enseñanza concertada y, en definitiva, a la libertad de las familias a elegir. Antes que el hostigamiento a un modelo educativo como el concertado, la ley debería garantizar la libertad de elección de las familias acerca del modelo educativo que quieren para sus hijos. Esto se incluyó en uno de los dos acuerdos del nuevo Gobierno regional (concretamente en el de VOX-PP). También debería ensancharse el espacio de libertad de los colegios para, dentro del marco de la ley, enseñar con arreglo a sus principios inspiradores sin que tengan que adoptar una posición sumisa ante la Administración que los financia. Finalmente, las familias deben decidir cuál es el papel que quieren adoptar en el sistema educativo concertado; el de vigilancia del estado de las canastas de baloncesto o, también, el respeto a la decisión que han tomado en la educación de sus hijos.