Las escuchas de Alaya amplifican el caso de los sobornos de Fitonovo

La «operación Madeja», fiel a su denominación, se enreda aún más. La última pieza separada del «caso Mercasevilla», investigada por la juez Alaya, trataba de esclarecer una presunta financiación ilegal del PSOE de Sevilla a través de la concesión de contratos de mantenimiento a Fitonovo y Fiverde entre 2005 y 2006, pero las escuchas autorizadas en los últimos dos meses han prolongado en el tiempo una supuesta conexión ilegal entre la primera de las empresas fitosanitarias y el Ayuntamiento hispalense, que salpica ahora a un cargo de confianza del actual alcalde, el hasta ayer director de Parques y Jardines y ex concejal del PP, Joaquín Peña, imputado por la Guardia Civil –Juan Ignacio Zoido lo cesó de forma fulminante– y a varios funcionarios más.

La revelación de la existencia de una decena de teléfonos «pinchados» de empleados de Fitonovo y funcionarios aceleró una segunda fase de la «operación Madeja», que permanece bajo secreto de sumario desde que en julio se procediera a la detención del ex director de Vía Pública y ex asesor socialista, Domingo Enrique Castaño –llegó a estar un mes en prisión–, su esposa y los administradores de Fitonovo y Fiverde, Rafael González y Ángel Manuel Macedo.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil detuvieron ayer a cinco personas e imputaron a otras dos tras los registros efectuados en la sede de Fitonovo y en la delegación de Parques y Jardines del Consistorio. Los detenidos fueron dos funcionarios municipales –uno de ellos el jefe de servicio, Francisco Amores–; dos personas relacionadas con Fitonovo, una de ellas el hijo del dueño (detenido en la primera fase de la operación), José Antonio González Baró; y un empresario ajeno a esta empresa. Uno de los dos imputados es el mencionado director de área, Peña.

La Guardia Civil registró el despacho del propio Peña, el del jefe de servicio, Francisco Amores, el de su adjunto, Javier Gómez, y el del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.

A resulta de las escuchas, «se han obtenido datos importantes» para la investigación, resalta el último auto de Alaya, «habiéndose procedido a la entrega en el Juzgado de un DVD conteniendo las conversaciones interceptadas».

La instructora, además, señalaba que estaba a la espera de conocer el contenido de una «tablet» intervenida a Castaño, así como el volcado de otros dispositivos informáticos intervenidos. Alaya mantenía la hipótesis de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dinero y regalos a cambio de la adjudicación de contratos de mantenimiento a estas empresas. El ex asesor del PSOE es el principal imputado y está acusado de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo y fraude y exacciones ilegales. El administrador de Fitonovo aseguró que entre 2005 y 2006, le entregó un sobre con 30.000 euros y, según le dijeron, «era para el PSOE», pero también dijo que le regaló siete teléfonos Nokia y hasta dos coches.

En octubre, la juez admitió la personación del Consistorio en la causa solicitada por Juan Ignacio Zoido, quien se comprometió a facilitar a Alaya toda la documentación de los contratos que han vinculado o vinculan a Fitonovo con el Ayuntamiento. De ahí han surgido nuevas conexiones.

La relación de Fitonovo y la delegación de Parques y Jardines era estrecha durante le época de Castaño: más de 130.000 euros en once contratos para la instalación de parques infantiles entre marzo de 2006 y noviembre de 2007, que se suman a los incluidos en los encargos realizados para el Distrito Macarena –el de las facturas falsas– por valor de 1,23 millones en dos años.

La investigación, no obstante, sigue abierta y no se descartaban ayer nuevos registros en otras dependencias como la Diputación o Urbanismo.