Las irregularidades en contratos de una ex fundación de la Junta quedaron plasmadas por email

Dos testigos ratifican en sede judicial que hallaron un correo electrónico en el que se apuntaba al fraccionamiento de pagos de Faffe a una empresa y que fue puesto en conocimiento de una alto cargo del SAE

Se han replicado a sí mismos para apuntalar una idea: las presuntas anomalías pudieron campar en la contratación de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta. Dos testigos ratificaron ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla lo que le habían relatado ya a la Guardia Civil. Para arrancar, seleccionaron a J. P. G. en 2008 para cubrir un puesto vacante en el archivo central de la Consejería de Empleo y fue trasladada en 2011 al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras la subrogación de la Faffe en éste, como se desplazó la documentación de los servicios centrales de la ex fundación sobre el personal y sus desplazamientos, la contratación, la justificación de subvenciones, o la correspondencia. Los investigadores le preguntaron en junio de 2016 si sabía de la existencia o aparición de algún documento en el que se hiciera referencia a la posible comisión de irregularidades en materia de contratación por parte de la Faffe y respondió que sí. Les explicó que una compañera halló «un correo electrónico cuyo contenido haría referencia a la posible comisión de irregularidades», vinculadas a la empresa Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria Mobility (GAPC), en el interior de un archivador A-Z perteneciente a un técnico, según consta en el acta de su declaración. Lo pusieron en conocimiento del director del archivo y su jefe de servicio, F. M. F. Éste tampoco se retractó ayer del contenido de su interrogatorio ante la Guardia Civil, durante el que admitió el descubrimiento de una carpeta de trabajo en cuyo interior había copias de documentación y de correos electrónicos relativos a la actividad contractual con terceros de la Faffe. F. M. F. confirmó que una empleada se dio cuenta de que en uno de esos emails «podrían advertirse incumplimientos en materia de contratación», ligados al fraccionamiento de pagos, «a la vez que indicaba las actuaciones a realizar para evitar tal hecho». El correo llegó hasta él y lo puso en conocimiento de la entonces secretaria general del SAE, María Luz F., además de dar instrucciones para que se rastreara el expediente físico completo y de que se custodiase junto con el email.

En un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ya se hacía referencia a que en la información que proporcionó a los agentes el propio SAE había correspondencia electrónica entre GAPC y Faffe y un documento interno de la última denominado «contratos-procedimientos» de los que se podía inferir, a juicio policial, el «concierto» entre ambos entes para saltarse «el preceptivo procedimiento de contratación».

Es más, siguiendo el hilo conductor de los email, los investigadores apuntaron a que se buscó «una solución jurídica tendente a ocultar la ilegalidad producida en la adjudicación» de servicios y que permitiera «atender el pago» de una factura de noviembre de 2009 expedida por GAPC a la antigua fundación por un importe de 83.520 euros. ¿En concepto de qué se desembolsó ese dinero público? Se destinó, en teoría, a tareas de diseño y planificación de trabajos para el proyecto de movilidad Leonardo da Vinci llamado «Hércules III». La Guardia Civil tenía claro la implicación de personal de Faffe «en la confección 'a posteriori' del procedimiento de contratación» para dar «cobertura legal» al mencionado recibo y de la presunta utilización de un sistema de asignación «inadecuado» en otras contratas.

«Con este importe no hay manera de legalizar la contratación»

En el informe policial en el que los investigadores intentaron poner orden en lo sucedido, entre otros, con los contratos de GAPC se asevera que la ex directora de Garantías Institucionales de Faffe, Carmen L. V. tenía «conocimiento pleno» de que las alternativas que se plantearon para «legalizar» una contratación de esa empresa «eran contrarias a la norma». De hecho, en el atestado se recoge un email suyo con un asunto: «Solicitud procedimiento de contratación-GAPC». En él se puede leer: «Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aún fraccionándolo». «A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado sin publicidad –añade–. Esta opción no quiere decir que estemos cumpliendo con la Ley de Contratos, pero al menos tenemos algo de publicidad».