Los sindicatos supervisaban con «sus brokers» todos los ERE fraudulentos

La madeja sigue desenredándose. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se centró ayer en el papel jugado por los sindicatos en los ERE fraudulentos. Durante la declaración del administrador de la mediadora Uniter José González Mata, la magistrada cuestionó por qué la entidad pagaba a Estudios Jurídicos Villasís por sus servicios en el expediente de la Faja Pirítica, a lo que el imputado no supo dar, según fuentes del caso, una respuesta convincente. Según González Mata, quien decidía la asesoría que se contrataba eran los sindicatos, lo que corroboraría el papel protagonista de las plataformas sindicales en la presunta trama fraudulenta. Según declaró el responsable de Uniter, los sindicatos supervisaban todo a las mediadoras y la Junta, indicando que UGT y CC OO tenían «sus brokers» –ITG y Atlantis Cooper–, y que las propias plataformas sindicales auditaban las pólizas, explicaron fuentes del caso.

Uniter pagó, manifestó el imputado, a Estudios Jurídicos Villasís 2,7 millones de euros por el asesoramiento entre 2001 y 2007. La magistrada cuestionó por qué cobraba entonces la mediadora, a lo que el imputado respondió que la Junta simplemente «les pagaba». La entidad quedaría, en este supuesto, como una empresa vacía de contenido. La juez sostiene que el dinero pagado a las consultoras es público ya que procedía del Fogasa con el supuesto destino de la primas de los prejubilados. Las empresas también pagaban a los sindicatos, añadió el imputado, que sostuvo que la Junta aún le debe dinero de los ERE, las comisiones de entre 200 y 300 millones de pólizas, poco más de la mitad de lo que ha tramitado. «Si vuelvo a ponerme en 2001, no vuelvo a trabajar con la Junta», indicó. «Para como le ha ido, desde luego», intervino la juez.

La magistrada, que comenzó la sesión con hora y media de retraso y que la interrumpió al término de sus preguntas para continuar hoy con las del resto de las partes, comunicó a González Mata la imputación –30 folios de cargos– de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, asociación ilícita, contra la hacienda pública, apropiación indebida y malversación de caudales. La magistrada habla de más de 20 millones defraudados. De ellos, seis en el ERE de Delphi y 4,5 en el de la Faja Pirítica. Alaya indicó la existencia de 51,5 millones de «corretaje innecesario» de la Junta a los mediadores. La magistrada plantea que no se debieron pagar comisiones ni sobrecomisiones, por lo que considera todos los pagos «indebidos», según fuentes del caso, en base al Decreto 4/2012.

Según González Mata, al ser preguntado por la jueza por las sobrecomisiones, Uniter abonaba un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas «muy grandes». En el caso de Delphi y Astilleros se pagó un 1%. González Mata aportó un correo para demostrar que en el ERE de Delphi negoció con el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Es decir, los expedientes más importantes no fueron negociados con Guerrero. Francisco García Martínez, ex alto cargo de Empleo, habría participado en, al menos, dos ERE importantes, el de la Faja Pirítica y Delphi.

El responsable de la mediadora –durante el tenso interrogatorio de la magistrada– explicó que «dos veces» el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández le invitó a comer para solventar sendos retrasos en los pagos. Siempre que había problemas, era Fernández quien los resolvía, dijo. González Mata aseguró que de media la entidad cobraba un 5% y en alguna ocasión un 13% en el caso de asociaciones de trabajadores como Santana. La juez le rebatió sacando porcentajes del 30%. Sobre los intrusos de los diferentes ERE, González Mata indicó que él «no preguntaba» y que eran los sindicatos y la Administración quienes confeccionaban las listas, pese a que Uniter accedía a los boletines de cotización y podía comprobar los datos. «Pensaba que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas», indicó, según fuentes del caso, González Mata.