Luciano Alonso, obligado a dimitir tras fijar el TSJA fecha para el juicio

Casi ocho meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abriera una investigación por el caso de los nombramientos de «cargos fantasma», el ex consejero y diputado socialista Luciano Alonso presentará su dimisión –formalmente se producirá el jueves una vez celebrado el Pleno de aprobación de los Presupuestos–, obligado tras fijar el mismo tribunal el juicio por un delito continuado de prevaricación administrativa para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2017. Atrás queda el acuerdo firmado en junio de 2015 entre PSOE y C’s que permite gobernar a Susana Díaz y que obligaba a «separar de inmediato» a «cualquier cargo orgánico imputado por corrupción política». El que fuera consejero de Educación, Cultura y Deporte ha continuado desde abril ocupando su plaza en el Parlamento andaluz, esgrimiéndose como atenuante por parte socialista y de la formación naranja que la acusación de prevaricación al designar a parientes de destacados socialistas para ocupar cargos por los que cobraron pero que no desempeñaron no responde a corrupción política sino a una cuestión administrativa. Finalmente, el propio Luciano Alonso admitió que toma la decisión de renunciar «en cumplimiento del código ético» del PSOE

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El juicio se celebrará en la Sala Civil y Penal, con sede en Granada, y estará presidido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Según acredita el Ministerio Público, Alonso habría «utilizado las facultades de su cargo para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual». Y todo ello «a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían de modo alguno». Se refiere a los nombramientos de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.

En el primer caso se trata de un «destacado militante del PSOE de Málaga y miembro de su Ejecutiva Provincial». El ex consejero «decidió utilizar» el cargo vacante del CAF para que desempeñara funciones relacionadas con la Consejería en Málaga. Durante casi tres años recibió el sueldo asignado a la dirección del CAF pero jamás pisó su sede en Jerez. Alejandro J. Cárdenas, hijo de la jiennense Carmen Peñalver, íntima amiga de la también ex consejera Mar Moreno, fue nombrado con 24 años y recién licenciado en Derecho como director del Centro Andaluz de la Imagen desde septiembre de 2013 al 31 de diciembre del mismo año. Su puesto quedó cubierto por María Centeno, de 29 años, «hija y sobrina de destacados dirigentes del PSOE de Málaga» hasta el cese del propio consejero en junio de 2015.

Por su parte, Alonso pide su libre absolución, negando que los nombramientos tuvieran el objetivo de «beneficiar a personas del PSOE». Asegura estar pasando un duro trance y que el juicio «versará únicamente sobre si pudo aplicarse indebidamente un precepto legal que permite reasignar funciones de los empleados públicos en función de la mejor y más eficiente organización del departamento». «Compareceré para aclarar y poner fin a esta primera y única incidencia judicial en mi carrera», concluyó.