Más de 11,5 millones de sanción por los «abusos» bancarios

Las infracciones están ligadas al incumplimiento de deberes de información y a la introducción de cláusulas en préstamos hipotecarios

La consejera Marina Álvarez
La consejera Marina Álvarez

Las infracciones están ligadas al incumplimiento de deberes de información y a la introducción de cláusulas en préstamos hipotecarios

En ocasiones el camino lógico es la sanción. El pasado septiembre, el diputado andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe se interesó por el balance que hacía el Gobierno regional de «la campaña de control de la inspección de consumo contra la inclusión de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios» y sobre qué otras actuaciones iba a desarrollar aquél en lo que resta de legislatura «para defender al consumidor de los abusos bancarios». Ha encarado ambos interrogantes la consejera de Salud, quien tiene las competencias en la materia y no sólo en sanidad, Marina Álvarez, quien ha informado al parlamentario autonómico de que en 2017 se resolvieron «varios procedimientos sancionadores contra entidades financieras por la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario y por la falta de información en relación con las denominadas cláusulas suelo», como resultado de «una campaña de inspección al sector realizada en 2016 y en respuesta a 1.385 denuncias». De acuerdo a la respuesta de la consejera, fechada en diciembre y hecha pública en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) de ayer, «ocho» de esos expedientes «han pasado ya por Consejo de Gobierno, con más de 11,5 millones de euros de sanción», de los que «4,5» respondían a multas por infracciones y «aproximadamente 6,9 millones al comiso de las cantidades indebidamente cobradas». Álvarez explica que las sanciones, «muy graves», se han debido en concreto al «incumplimiento de los deberes de información» y a «la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario». A ello se suma el saltarse requerimientos de la Administración, una infracción calificada como grave.

La Junta de Andalucía asegura a Moreno Yagüe que además «se está acordando el comiso del beneficio ilícito» obtenido por una entidad financiera que no nombra y le detalla que otros focos de anomalías tienen que ver con «las hojas de quejas y reclamaciones (no disponer del libro, no exponer el cartel identificativo de su existencia, no responder en plazo, suministrar hojas no oficiales)», con la «obstrucción a la inspección» o con la información ligada a «cartelería» y a «folletos publicitarios».

Campaña de inspección

En relación con la pregunta sobre otras actuaciones en defensa de los consumidores, la titular de Salud expone que desde mayo de 2017, la Junta lleva a cabo una campaña de inspección «orientada a comprobar el cumplimiento, por parte de las entidades bancarias, de la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz». Están programadas para su ejecución por los servicios de consumo provinciales, asevera, «el control de 16 entidades bancarias, como mínimo, realizándose al menos la visita a dos oficinas bancarias de cada entidad».

La consejera remata recordando que el Consejo Andaluz de Consumo aprobó el pasado junio la creación de «un órgano sectorial de servicios financieros», así como «su reglamento de funcionamiento», con un fin: «Proteger a las personas consumidoras en su relación contractual con las entidades bancarias». Junto a ello, «se está mantenido una vía de comunicación directa entre la administración de consumo y el sector bancario en Andalucía de cara a garantizar una mejor protección de las personas consumidoras en relación con la problemática de las cláusulas suelo», subraya. Lo que no se especifica en ningún caso es el nombre de las entidades infractoras.

A finales de agosto de 2017, la Junta anunció una sanción a Unicaja Banco de más de 3,1 millones por la inclusión de cláusulas abusivas. En octubre, el Tribunal Supremo avaló las multas sin necesidad de sentencia judicial, dando la razón al Ejecutivo autonómico en el caso anterior.