Más casos de «desatención» temprana llegan a la Fiscalía

Dicho y hecho. Las familias con menores con trastornos en el desarrollo no cejan en su empeño: que la Junta de Andalucía responda de forma eficaz en los tratamientos de Atención Temprana que los niños merecen, y a los que tienen derecho. Así, y después de conocerse que la Fiscalía Superior ha abierto diligencias por los dos primeros casos en los que se detecta una posible vulneración de derechos, en la jornada de ayer la Plataforma de Atención Temprana confirmó que se habían denunciado otros tres expedientes y que ya estaba ultimando la documentación de otros cinco, que se presentarán de forma escalonada. «Los derechos de nuestros pequeños están por encima de todo», argumentó el portavoz, Antonio Guerrero.

Tras conocer a través de las familias las irregularidades que se producen en la actualidad en la prestación del servicio, la Fiscalía ha anunciado que formulará un informe-propuesta que podrá adoptar la forma de Decreto para que se ejecute la decisión que corresponda. Todo ello con independencia del debate político que en la actualidad suscita la Atención Temprana y su modelo de gestión.

Dos de los tres últimos casos puestos en conocimiento de la Fiscalía obedecen a la dificultad de las familias para hacer frente a los pagos de los tratamientos que sus hijos, con síndromes del espectro autista, requieren de forma urgente. La Consejería de Salud no ofrece el número de sesiones necesarias en ambos casos y los padres tienen que pagarlas de su bolsillo. Los problemas de índole económica que conviven en la mayoría de hogares andaluces terminan provocando que los menores reciban una atención insuficiente y que diagnósticos que pueden ser corregidos o permiten que la calidad de vida del menor sea mucho mejor cogidos a tiempo, se conviertan en dolencias crónicas.

En un tercer caso, todos de la provincia de Sevilla, el menor requiere fisioterapia, pero el Centro de Atención Integral Temprana (CAIT) más cercano no cuenta con un profesional en la materia, dejando sin posibilidad de recuperación al niño.

La Consejería de Salud, con la colaboración del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha elaborado un borrador de nuevo Decreto de Atención Temprana en el que se pretenden regular los procedimientos y se insiste en que se trata de un servicio universal y gratuito. La realidad, en cambio, es que la Junta no destina una partida económica lo suficientemente amplia como para proteger a los niños con trastornos. De hecho, una de las críticas que los propios profesionales realizan a este borrador es la ausencia de una memoria económica.

Las familias de alrededor de 20.000 niños de entre cero y seis años que en Andalucía demandan una Atención Temprana digna, plantean una regulación por Ley que será abordada en las próximas semanas en el Parlamento. Los grupos de la oposición han mostrado su apoyo a una proposición registrada por Podemos y que el PSOE ya se ha apresurado a tildar de «trasnochada». Mientras el debate continúa, los menores afectados sufren la falta de recursos y los profesionales ven cómo sus centros arrastran las deudas de la Administración.