Más de 7 millones de fianza para un ex viceconsejero de la etapa de Griñán

Justo Mañas, según indica la juez Alaya en auto judicial, tras su nombramiento como viceconsejero de Empleo del Gobierno de Griñán en marzo de 2010, se encontró con «múltiples informes que ponían de manifiesto la caótica situación de la Dirección General de Trabajo» y, pese a anunciar y alardear de transparencia e investigación, calló el caso de los ERE. La magistrada le impuso ayer una fianza civil de 7.282.653 euros, imputándole también haberse referido a ella en «tono jocoso». El ex alto cargo, que se acogió a su derecho a no declarar como imputado, se suma a la treintena de ex altos cargos de la Administración andaluza imputados por los ERE. El auto le prohíbe salir de España, le impone la personación los días 7 y 21 en el juzgado, aparte de una fianza civil destinada a «devolver en la medida de lo posible las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta».

La juez de Instrucción 6 recuerda que había un informe del bufete Garrigues advirtiendo de la necesidad de contar con un procedimiento para conceder las subvenciones «so pena de nulidad» y estableciendo «que se había eludido la fiscalización previa e individual de las subvenciones, al concederse mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo». Esos informes, según la instructora, llegaron a Mañas, señalando que «mucho había que cambiar y muchas decisiones que adoptar en la dirección general». Según la juez, también establecía «que se había eludido la fiscalización previa e individual de las subvenciones, al concederse mediante transferencias de financiación que la Consejería de Empleo transfería a IDEA según la Ley de Presupuesto», recogió Europa Press. «El contenido de estos informes, como ocurrió con el caso del nuevo director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, le sería puesto de manifiesto al nuevo viceconsejero, dice la juez. Asimismo, la ex asesora imputada María José Rofa le expuso los informes y el entonces viceconsejero le indicó que «estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones». En tono jocoso le contestó: «¿Tengo que ir a la Fiscalía»?, según señala el auto recogido por Efe. Mañas se limitó a sustituir las transferencias de financiación por la encomienda de gestión, pero «la operativa era la misma», esto es, subvenciones sin fiscalización previa. En resumen, sirvió «para aparentar un cambio que en realidad no se produjo».

«La guinda del pastel», según Alaya, es que dicha encomienda se dictó «a sabiendas de una infracción esencial del procedimiento» previsto en la Ley de Administración de la Junta, pues debía haberse aprobado con carácter previo en el Consejo de Gobierno. Siguiendo la referida encomienda, se tramitaron 101 expedientes de subvenciones en 2010 y cuatro en 2011, indicó la magistrada.

El auto también asegura que Mañas conoció las presiones que estaba ejerciendo la imputada Encarnación Poto, dueña de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) y «persona de influencia en los círculos políticos de la Junta» y accedió a pagarle una ayuda para contratación de eventuales de 109.620 euros «a sabiendas de que era para el pago de la minuta de Garrigues» por su asesoramiento en el ERE. Alaya recalca que el ex viceconsejero «incumplió con el deber legal de poner en conocimiento de la Justicia» la existencia de los «intrusos» Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, las subvenciones al chófer de Francisco Javier Guerrero Juan Francisco Trujillo y «la ausencia de procedimiento subvencionador, lo que lo convertía en ilegal y arbitrario».