Más del 60% de los andaluces está expuesto al riesgo de inundaciones

La «zona cero» del peligro de anegación está en el litoral mediterráneo, en especial la costa malagueña

El temporal dejó atrás su huella en más de 50 municipios de las provincias de Málaga y Sevilla entre los pasados 20 y 22 de octubre, como antes lo había hecho en otros sitios de España, llenando los informativos de imágenes acuosas. Unas estampas que, hay quien alerta, se repetirán, sobre todo, si «no se toman medidas». El Gobierno andaluz inició en 1998 la elaboración de un Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces con el fin de fijar las iniciativas necesarias para evitar, o en su defecto minimizar, las riadas en los núcleos poblacionales. Se inventariaron la nada desdeñable cifra de 1.099 puntos de riesgo distribuidos por el territorio de la comunidad, catalogados por niveles desde la A, los de mayor gravedad, a la D, los de menor; pasando por la B y la C. Un tercio del total de esos enclaves se englobó en las dos primeras categorías. Se detectaron, en definitiva, áreas de peligro en 428 municipios, lo que supone que más de la mitad de las localidades de la región tienen problemas de inundaciones y que afectan a más del 60 por ciento de la ciudadanía, con lo que el alcance de la problemática «no es menor», como apuntan fuentes ecologistas.

Antonio Figueroa, el presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y consultor ambiental, colabora con el departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla en la elaboración de un atlas colaborativo sobre los conflictos del agua en la comunidad, entre los que se encuentran las anegaciones. Explica a LA RAZÓN que en el mapa autonómico las zonas inundables se concentran sobre todo en varios espacios: «El tronco del río Guadalquivir, a partir de Córdoba, el río Genil que en su tramo medio y bajo a traviesa varios municipios que sufren ese peligro como Puente Genil o Écija», una localización la última muy «caliente»; y el litoral de la región, «en especial el mediterráneo». En las costas de Cádiz «también existen muchos problemas», añade, así como «en el entorno rural de Jerez, por el río Guadalete, causadas, entre otras cuestiones, por su deficiente funcionamiento hidráulico». Sin abandonar la geografía gaditana anota que en el Campo de Gibraltar, hay que prestar atención al «río Guadarranque» a su paso por San Roque. Y en Almería, «la principal causa de estos conflictos proviene de las ocupaciones de invernaderos», con alguna excepción como la de la localidad de Vera donde «hay una urbanización que por su ejecución puede ser problemática». Pero la «zona cero» de las amenazas de inundaciones está, a su juicio, en «el litoral malagueño», debido, entre otros motivos, «al desarrollo urbanístico sobredimensionado» que acoge. «Hasta hace 15 o 10 años se permitía urbanizar franjas inundables bajo la premisa de que luego se podrían hacer obras de defensa y encauzamientos para corregir los riesgos, pero se ha demostrado que no ha sido así», expone el consultor.

Según se asevera en el portal del Ejecutivo autonómico en internet, gracias a su mencionado plan se intervino «a través del planeamiento urbanístico para aumentar la adaptación de los asentamientos en los cursos fluviales, evitando la ocupación de los cauces y limitando los usos en zonas inundables», además de que se impulsó, entre otras cuestiones, «la elaboración de estudios hidrológicos-hidráulicos» para seguir delimitando el tema y se «apostó por el establecimiento de un modelo de aseguramiento de bienes y propiedades expuestas a las avenidas, y mecanismos de coordinación entre los organismos responsables de la información hidrológica y meteorológica y los de protección civil». Pero fuentes de distintos colectivos conservacionistas consultadas por este diario consideran que «queda mucho por hacer». Abogan por «cambiar el modelo de uso y gestión del agua» en la comunidad y «ajustar los discursos políticos a los hechos». Desde Ecologistas en Acción se ha criticado en múltiples ocasiones que la misma Administración que «declara un área inundable, permite más tarde que sea urbanizable» en contra de lo marcado en la «Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)». Señalan que «si se invirtiera en prevención, no habría que suplir tanto la falta de gestión con ayudas millonarias cuando el daño ya está hecho».

Figueroa coincide en la necesidad de «reforzar la prevención, aplicar estrictamente la disciplina urbanística, retirarse de las áreas inundables y restaurar los tramos de los ríos que se puedan». Es consciente de que frenar las consecuencias de las periódicas riadas es «un problema muy complejo con fenómenos difíciles, a menudo imprevisibles como la torrencialidad de las lluvias, que es de prever que se agraven por el cambio climático». «Una solución genérica no hay», reconoce. Ésta pasa, a su entender, por buscársela a «casi cada caso en particular». Aunque se atreve a dar las claves de una «receta» para combatir la creciente amenaza: «Respeto de las zonas inundables, a la ley y una buena planificación urbanística».

Europa marcó el camino

La Junta cuenta también en la actualidad con una Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las áreas de peligro Potencial Significativo (ARPSIs) ligadas al cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de las amenazas de anegación aprobados en 2015, por un Real Decreto a través del que se dio luz verde a planes vinculados a las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y cuencas mediterráneas de la región.