Menos bomberos y más abogados

La Agencia de Medio Ambiente y Agua contrata asesores jurídicos externos con la conflictividad laboral como justificación, mientras los sindicatos lamentan «graves» carencias de recursos

Es la factura de la conflictividad laboral. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) se ve obligada a contratar abogados externos, por valor de casi 200.000 euros, para hacer frente a las reclamaciones que acumula. La asesoría jurídica propia no da abasto. Todo ello, fruto de un cúmulo de decisiones erráticas en la gestión del personal. Que el ente instrumental de la Junta que se encarga, entre otras tareas, de extinguir los incendios forestales tenga que destinar parte de sus recursos a esta medida resulta grave, sobre todo teniendo en cuenta que los representantes de los trabajadores del Infoca sostienen que la plantilla trabaja con un número de efectivos sensiblemente inferior al idóneo y bajo unas llamativas carencias.

En el informe de justificación del contrato, cuya licitación permanecerá abierta a la presentación de ofertas hasta el 3 de octubre, Amaya reconoce abiertamente que ésta es una práctica habitual «con motivo de la acumulación de tareas de la asesoría jurídica interna de la agencia» y especifica que esta colaboración «externa» será para contenciosos «en materia laboral» principalmente, aunque no de forma exclusiva, «dado el importante número de trabajadores que prestan sus servicios». El número ronda los 5.000 en total.

Estos abogados tendrán que representar y defender en juicio en los que la agencia sea parte o tenga interés ante juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción, así como ante árbitros, principalmente en Andalucía, además de asistencia letrada y defensa en juicio del personal que pudiera resultar demandado o investigado por razón de su trabajo. Se trata, como es obvio, de defender los intereses «de la agencia o su personal» ante las jurisdicciones social, contencioso-administrativa, civil y penal, sin excluir «incluso la de ámbito policial o gubernativo». Y en todo caso, el trabajo será supervisado por la asesoría jurídica interna. Todo ello bajo un presupuesto base de licitación de 194.810 euros netos y un valor estimado de 161.000 euros, aunque en el pliego se especifica que «el número de asuntos que se puedan encargar» se determinará en función de la cuantía de cada uno, hasta completar el importe de licitación, pero «sin que exista una obligación por la agencia de completar» la cifra máxima y sin que el contratista pueda beneficiarse de costas procesales favorables.

Y es que el conflicto se ha convertido en una constante en las relaciones con el personal del Infoca. Basta con recordar la acampada que durante meses protagonizaron a las puertas también del Parlamento para exigir la cobertura de vacantes en la dura campaña de verano.

En el pasado mes de febrero, el sindicato CGT presentó una denuncia de conflicto colectivo por «discriminación» en la agencia a los trabajadores indefinidos no fijos. Sólo en este caso se presentaron más de 300 alegaciones referentes a la reclasificación profesional tras un informe de Hacienda que los consideraba personal temporal. En junio, después de una denuncia de CSIF a la Inspección de Trabajo, 32 trabajadores de la agencia tuvieron contratos indefinidos (llevaban más de siete con uno de obra y servicio).

El reciente reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal no ha generado una tregua, de hecho ha puesto de manifiesto la mala organización logística de la agencia, que ha suministrado hasta cascos no reglamentarios mientras que en otros puntos trabajaban con esta protección caducada. En Jaén, este mismo mes de septiembre, los bomberos forestales no disponían de vehículo para acceder a su puesto de vigilancia.

CSIF ha denunciado también este verano la «absoluta desorganización» en distintas provincias como Jaén, donde «se ha reubicado al personal experimentado encargado de los puntos de vigilancia en otros puestos» que son además de «distinta categoría».

Desde el mismo sindicato alertaron de «graves carencias», como la escasez «de recursos» o el «recorte de efectivos» en territorio cordobés. Otras fuentes ponen el acento en la «falta de personal cualificado en los retenes» y en que algunas de las mencionadas torres de vigilancia «no funcionan 24 horas».

El comité de empresa, muy fraccionado y con miembros de CSIF, CC OO, UGT y CGT, utiliza todos los resortes a su alcance para defender a la plantilla. Se queja de falta de respuestas y soluciones, como en el caso de las jubilaciones parciales. Basta decir que mientras se cifra en 3.700 el número de trabajadores necesarios para prestar los servicios en el dispositivo Infoca, el catálogo de medios de este verano se situaba en más de 200 por debajo (3.489). Está en juego la vida de personas y la propia naturaleza.

Recientemente, la Cámara de Cuentas detectó saldos pendientes de cobro de la Junta a la agencia por más de 60 millones, según el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2012.