Mil delitos con víctima y sin pena: agredir antes de los 14

«Ante agresiones sexuales hay que explicar a los padres de las víctimas que esta conducta es totalmente reprochable, pero que el ordenamiento jurídico español no contempla una respuesta penal». Ésa es la única salida que las fiscalías de menores andaluzas encuentran cuando un menor de catorce años comete un delito, por grave que sea, incluyendo violaciones y homicidios. La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía 2016 recoge esta problemática con la que se encuentran, debido a que no tienen capacidad para actuar en los casos en que los responsables no hayan cumplido los catorce. Por este motivo, el fiscal provincial de Almería solicita que se rebaje la edad penal a los doce años «cuando se cometan delitos graves a fin de evitar que supuestos de especial gravedad queden impunes». «Aunque la mayoría de las infracciones cometidas por menores de catorce años suelen ser delitos leves, en ocasiones las fiscalías se encuentran en una difícil situación frente a las víctimas», admite la Memoria.

En total, el año pasado se registraron 1.093 delitos –la mayoría leves– cometidos por niños. Hubo víctima y culpable identificado, pero no pena ni medida correctora al no tener competencias la justicia. Málaga (622) y Cádiz (339) son las provincias con un balance más elevado. Las cifras, según destaca la memoria, se mantienen en términos similares a 2015, alrededor de un millar. En este sentido, las fiscalías destacan como continúa el predominio del varón sobre la mujer en esa franja de edad, donde las acciones más repetidas son atentados contra las personas y contra el patrimonio. Como aspecto positivo, los especialistas destacan la eficacia del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia en el tratamiento de esos menores, de los que solo ocho de éstos han sido reincidentes una vez cumplidos los catorce.

La memoria recopila la situación de la justicia de menores, mostrando una ligera disminución del número de infractores que ingresaron en centros: 913 frente a los 927 de 2015. En este sentido, señala que «se observa un descenso en el número de menores con medida privativa de libertad en Andalucía, aunque hubo un aumento en las medidas de internamiento en centro semi abierto y una disminución en centros cerrados, abierto y terapéutico». Respecto a las de medio abierto, se ejecutaron 3.911 frente a las 4.562 de 2015, prevaleciendo la libertad vigilada (2.151), seguida de la prestación en beneficio de la comunidad (688) y de la convivencia en grupo educativo (143). Los acuerdos extrajudiciales han incrementado su peso, lográndose 2.737 frente a los 1.522 del año precedente.

Entre los delitos más graves figuran 13 asesinatos u homicidios con menores implicados, 102 agresiones sexuales y 135 denunciados por abusos. La Fiscalía alerta de nuevo del aumento progresivo de la violencia de género en los adolescentes, con 157 casos investigados el año pasado, mientras que bajan ligeramente las agresiones en el ámbito doméstico (1.083). La violencia escolar es otra de las grandes preocupaciones. Las fiscalías actuaron en 33 casos, once de los cuales fueron directamente archivados al no alcanzar los agresores la edad mínima. Todas coinciden en destacar el «repunte» del acoso en los centros educativos, con especial incidencia de las redes sociales. «La utilización de la red tiene lugar para cometer delito, para la obtención de fotografías en poses eróticas para luego distribuirlas, para la grabación de palizas, de amenazas o bien de toda clase de vejaciones», advierte el documento, presentado en septiembre por la fiscal superior de la comunidad.

En esta línea, observa también «el brote específico de la delincuencia a través del mal uso por los menores de redes sociales como Tuenti, Facebook o Twitter y, en este último año, el WhatsApp». La incidencia de los delitos de este tipo preocupan especialmente y su repunte se debe al cada vez más pronto acceso a teléfonos móviles de los menores, en torno a los doce años.

Las cifras generales de criminalidad no han sufrido, sin embargo, apenas variación respecto a 2015. La memoria refleja que las infracciones más frecuentes son los robos con fuerza (734 expedientes abiertos); robo con violencia o intimidación (685), hurto (1.293) y daños (684). En los delitos cometidos contra personas, destacan los de lesiones (3.130 registrados) y otros 885 de lesiones leves. Se contabilizan 151 expedientes por delitos contra la salud pública, que encabezan Cádiz (48) y Málaga (22).

Sobrecarga de trabajo

Las fiscalías también expresan la necesidad de un aumento de los medios disponibles. Una problemática que viene arrastrando de ejercicios anteriores y que se ha agravado «con la unificación en las secciones de menores de los aspectos relativos a la responsabilidad penal y protección, sin un paralelo aumento de medios, personales y materiales». «Ha supuesto, y es una cuestión reiterada en todas las memorias, una importante sobrecarga de trabajo –apunta la Fiscalía Superior– mostrando su preocupación los fiscales por no poder desarrollar su función con la dedicación que la misma requiere, teniendo en cuenta los importantes intereses afectados», en los que se ven implicados directamente adolescentes y niños.