Muñoz evita declarar con un parte médico de su teniente de alcalde

La alcaldesa de Manilva (Málaga), Antonia Muñoz, no compareció ayer ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Manilva, que le citó para declarar como imputada en una causa que investiga supuestas irregularidades en su gestión. La regidora alegó enfermedad, justificando la ausencia en el juzgado a través de un parte médico firmado por su primer teniente de alcalde, Emilio López Berenguer, sanitario de profesión y portavoz de la Agrupación Socialista de Manilva.

Antonia Muñoz en una primera citación judicial se acogió a su derecho a no declarar. La alcaldesa pidió el pasado mes de junio, junto al resto de concejales electos de Izquierda Unida, su baja de la coalición de izquierdas, después de que la dirección provincial del partido reclamase la dimisión de la regidora ante las supuestas irregularidades que se estaban investigando en numerosas contrataciones municipales.

El procedimiento judicial en que se encuentra inmersa la regidora investiga presuntas irregularidades en la contratación laboral por parte de la alcaldesa de Manilva desde 2007, sin cumplir los requisitos legales exigidos en el ámbito de la Administración.

En concreto, un informe de la Guardia Civil avaló la realización de cerca de medio millar de contrataciones «a dedo», buena parte de ellas vinculadas a afiliados y familiares de los miembros del equipo de Gobierno de la localidad costasoleña.

Investigación

Según la investigación «existen indicios de un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales» y que habrían recaído sobre personas afines a Izquierda Unida.

La Guardia Civil reclamó al juzgado una investigación patrimonial sobre Antonia Muñoz y algunos familiares, así como respecto a varias sociedades, ya que, entre los hechos denunciados, se encuentran las presuntas irregularidades del Ayuntamiento en materia económica. En concreto, por la contratación de obras y servicios, ya que, supuestamente, se habrían adjudicado trabajos a empresas vinculadas a miembros del Gobierno municipal.