Núñez arremete contra Alaya por empezar las «casas por el tejado»

Mercedes Alaya, durante una reciente conferencia en la Facultad de Derecho de Granada
Mercedes Alaya, durante una reciente conferencia en la Facultad de Derecho de Granada

A la jueza María Núñez Bolaños no le gusta el criterio «operativo» mantenido por su antecesora en el puesto, la magistrada Mercedes Alaya en su investigación de «macrocausas» porque se basa en «empezar la casa por el tejado», lo que ha supuesto una «disfunción» en el juzgado, que está «invadido» por «numerosos expedientes» y archivos «innecesarios». La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se pronuncia de este modo en un auto en el que rechaza una serie de diligencias de pruebas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la investigación abierta por las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos y avales por parte de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía.

A juicio de Núñez, ese criterio «operativo» de su antecesora en el juzgado «no es el adecuado o conveniente» por conllevar, «en términos coloquiales», el empezar «la casa por el tejado», lo que «ha supuesto en la práctica una disfunción en este órgano judicial», critica. Al hilo de ello, es cuando asegura que el juzgado está «invadido por numerosos expedientes, ocupando múltiples dependencias con archivos innecesarios, cuya clasificación, escaneo y devolución en la actualidad está suponiendo un gravoso esfuerzo para toda la oficina judicial y en especial para las letradas de la Administración de Justicia que asumen dicha labor».

En relación con la causa sobre los avales de IDEA en concreto, afirma que tratan de «concretar qué ayudas, por apreciarse simultaneidad e irregularidades, han de ser examinadas y sólo de estas unir expedientes y documental que le afecte y no al revés, traernos todos los expedientes, para luego ver en cual se puede detectar las irregularidades denunciadas» por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A su entender, para impulsar esta investigación habría que «investigar los hechos denunciados en el atestado» de la UCO, «comenzando por diferenciar entre lo que son diferentes criterios interpretativos de auténticas irregularidades, determinar las ayudas en las que concurren dichas irregularidades y analizar si ello ha supuesto ilícito alguno”.

«Como dice el Ministerio Público –añade en el auto–, usar de la figura de los avales como medio para hacer llegar de modo ilícito fondos públicos en favor de determinadas empresas, evitando, como señala la Audiencia Provincial en autos dictados en esta causa, una ‘inquisitio generalis’ a lo que nos llevaría traer todos los expedientes y toda la documentación que se solicita sin haber concretado aún la posible existencia de ilícito penal y ayuda en la que puedan existir indicios».

La magistra, quien ha limitado la causa a 18 expedientes de empresas que recibieron simultáneamente ayudas de «salvamento» y de reestructuración, no cree «ajustado a derecho» llevar a la misma «todas las ayudas en forma de aval concedidas por la agencia» entre 2000 y 2010, para buscar luego ilícito penales, abriendo una especie de auditoría general.