Núñez ejecuta el carpetazo de la pieza política al descartar la «red clientelar»

La jueza cree poco «significativo» que entre los beneficiarios de los fondos existieran 39 empresas ligadas al PSOE o a la Junta y que, si hubiese una trama, implicaría a funcionarios.

Sabía que tenía en sus manos el poder para que se cumpliera lo anunciado y se ha demostrado. La jueza María Núñez Bolaños ha archivado la pieza política de la «macrocausa» de los cursos de formación financiados por la Junta coordinada por el juzgado que dirige, el de Instrucción número 6 de Sevilla. Se trata de las diligencias centradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las que había 24 encausados, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex delegados de ese área en las ocho provincias.

Si su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya, abrió el proceso con el propósito de hendir el bisturí jurídico hasta lo más profundo de lo infectado al creer que se habían usado fondos públicos para establecer una «red de clientelismo político», Núñez lo saca ahora por concluir que ésta «no se ha constatado» y que sólo se habrían producido «posibles irregularidades administrativas» y no delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.

La instructora, quien reduce lo actuado por la Guardia Civil casi a una mera concatenación de errores, apunta que sobre la base de la falta de documentación en los expedientes de ayudas, una de las «irregularidades» investigadas en la causa, se construyó la «hipótesis» de que ésta se usó para «conceder arbitrariamente las subvenciones creando una red de ‘clientelismo político’» y se eligieron «arbitrariamente los beneficiarios». En teoría, entre los «afines» al PSOE. Pero para que esto pudiera suceder, plantea en su auto fechado ayer, «el funcionario (interino o de carrera) que era el que, sentado en su mesa con el ordenador, introducía los datos y emitía la resolución de concesión», dado que esa labor no la realizaban los directores generales ni los delegados provinciales del SAE personalmente, «debería tener instrucciones específicas para ello y, por ende, participaría en la trama organizada que realizaba estas conductas». En otras palabras, que, de ser así, los implicadas serían más de los 24 señalados y habría que apuntar al funcionariado. En cualquier caso, la magistrada considera esta «teoría» poco probable «por no decir inverosímil» y, en todo caso, como sostuvo la Fiscalía en su previa petición de archivo, «no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita», ratifica. Como tampoco se ha confirmado, añade, la existencia en sí de la red clientelar, según la jueza. El hecho de que «entre las más de 18.000 subvenciones» repartidas por el Ejecutivo regional se hayan encontrado 39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE «no resulta significativo» para Núñez Bolaños. En este punto, cabe recordar que el PP, partido personado como acusación, denunció en un escrito que la Junta creó un entramado de entidades vinculadas a «cargos del Gobierno andaluz o del PSOE, o a socios y familiares suyos» que habrían recibido al menos 101.160,469,63 euros. Pues bien, la magistrada replica que si se atiende al número de subvencionados entre 2009 y 2012, «no resulta significativo que el PP encuentre 38 empresas» entre ellos «cuyos administradores, de derecho o de hecho, fueran ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE», de familiares o amigos. Es más, dispara al PP al afirmar que «ese examen adolece de los requisitos básicos para ser tenido en consideración desde un punto de vista estadístico» y «carece del más mínimo rigor que se exigiría en una investigación» al no haberse llevado a cabo «una muestra de control para valorar cuantas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el PP-A, o a otros sectores sociales», recibieron también fondos para formación.

En relación a otra de las anomalías analizadas, la emisión por parte del SAE de la certificación de que el dinero se había empleado de forma correcta sin comprobar las justificaciones, Núñez defiende que el Ejecutivo actuó «en el marco de la legalidad» expidiéndolos «una vez verificado la presentación de la memoria justificativa y la auditoría». Para la instructora, «no existe el sistema de control perfecto que impida el fraude», ya que «de ser así», éste no se produciría y, «por desgracia», se da en «todas las administraciones públicas». Ahora bien, éste «no es sinónimo de prevaricación y mucho de menos de malversación», advierte, para sostener el carpetazo, ni tampoco el «menoscabo de fondos públicos» que conlleva la prescripción de «multas o sanciones».

Aborda también en su resolución las polémicas exceptuaciones o exoneraciones que habrían permitido la asignación de nuevas subvenciones a entes de la «red clientelar» con otras pendientes de justificar. Lo hace para sostener que los consejeros que las respaldaron no prevaricaron y que se usaron «para resolver el problema del retraso en la comprobación de las subvenciones, impidiendo así que se paralizaran» los cursos. «La tesis de que la Administración dolosamente haya dejado de emplear controles o los haya soslayado» es también, en opinión de la jueza, «difícil de sostener». Con todo, matiza no querer decir con lo expuesto que «la forma en que se hizo fuere absolutamente conforme a la ley». Deja caer que la Administración autonómica podría haber sido más eficiente y eficaz, aunque puntualiza a continuación que «si pudiésemos imaginar unos servicios administrativos que liquidan y aprueban la justificación en tiempo y forma, no existirían estos problemas».

Para finalizar, se refiere a la recusación planteada por el PP-A en torno a la entrega de las grabaciones de las declaraciones. La magistrada defiende que ésta fue formulada «a los solos efectos de conocer del recurso de revisión» de esa parte contra una diligencia de ordenación emitida por la secretaria judicial, con lo que no le impide dictar el auto que pone punto final a esta pieza política. La resolución se puede recurrir y fuentes judiciales trasladaron ya ayer a este periódico que el PP lo hará.