Núñez quiere saber si la Junta contrató pólizas sin concurrencia competitiva

La nueva titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, continúa moviendo fichas en las «macrocausas» que desentraña ese órgano judicial. En una providencia fechada el 18 de junio, a la ha tenido acceso LA RAZÓN, la jueza requiere a la representación procesal de la Junta para que aporte a las diligencias del «caso ERE» nueva documentación. ¿A qué haría referencia ésta? La petición parte del ex directivo de la consultora Vitalia imputado Antonio Albarracín, quien en un escrito remitido al juzgado planteó tener conocimiento de que «con posterioridad a la finalización de la suscripción de pólizas con mediación del Grupo Vitalia», el Gobierno andaluz continuó haciéndolo «sin contratarlas directamente con las aseguradoras, sino a través de mediadores de seguro y sin que se hubiese llevado a cabo ningún tipo de concurso o concurrencia competitiva».

En ese documento se cita como ejemplo las pólizas contratadas con las empresas de Huelva Tioxide y Fertiberia que, según Albarracín, «tuvieron como consultores y mediadores de seguros» a Mercer y a Marsh Mclennan, respectivamente», y «siendo la compañía aseguradora de ambas pólizas SA Nostra Seguros». Desde ese punto de arranque, la representación legal del imputado pide a la jueza que demande a la Junta las pólizas contratadas para las dos sociedades mencionadas que tuvieron como mediadores a Mercer y a Marsh Mclennan y que se precise «si se llevó a cabo alguna clase de concurso». ¿Qué persigue Albarracín con este paso? Demostrar que tras la relación de la Administración autonómica con los principales mediadores implicados en la causa de los ERE, Vitalia y Uniter, la manera de actuar de la Junta, que, de acuerdo a sus tesis implicaba saltarse presuntamente la concurrencia competitiva, «se siguió con otros mediadores», así como probar que aquélla «no derivaba de ningún pacto» entre Vitalia, Uniter y el Ejecutivo regional, sino «simplemente ésa era la forma de trabajar de la Junta, esto es contratar sin contrastar si los pagos que realizaban eran acordes al mercado existente», se asevera en el escrito sellado el pasado 3 de junio. Ahora Núñez decide acceder a la pretensión de Albarracín y solicita al Gobierno andaluz esa información.