Pensiones o autonomías

El debate que se resume en el título de este artículo se ha colado en buena parte de la sociedad española fruto de una serie de sucesos hasta hace pocos años difíciles de imaginar. Por una parte el bipartidismo, hasta hace poco homogéneo en España, fue pactando progresivamente apartar de las pugnas electoralistas las denominadas «políticas de Estado». La primera fue la política de lucha antiterrorista. El debate de la incorporación de España a la OTAN colocó a la política de defensa y política exterior en la misma bolsa de políticas de Estado, si bien con la grave excepción de la decisión del presidente Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak rompiendo el principio de «entrar juntos, salir juntos»; principio determinante en las misiones internacionales de pacificación. La siguiente materia pactada como «política de Estado» fue el sistema de pensiones a través de denominado Pacto de Toledo sancionado por el acuerdo del 6 de abril de 1995 en el Congreso de los Diputados. Hasta la última fase del golpe de Estado del independentismo catalán, sólo la política educativa quedó fuera de las políticas de Estado permaneciendo presa de las pugnas de partido y sólo transitoriamente protegida por el rango de ley orgánica de la última ley educativa que exige una mayoría reforzada para su cambio.

La organización territorial del Estado quedó fuera del creciente grupo de materias reservadas a los grandes consensos del bipartidismo. Quedó fuera porque no era necesario, pues el consenso entre socialistas y populares era pleno en ceder casi todas las competencias a las administraciones autonómicas. Hasta que el barco «piolín» mostró a todos los españoles que el Estado tenía un tamaño completamente residual en Cataluña (y en el resto de España), casi nadie parecía cuestionar el sistema autonómico. Un sistema autonómico que tenía a 17.000 personas armadas en Cataluña como policías dirigidas por unos mandos ahora juzgados por delito de sedición y al servicio de unas autoridades que estaban perpetrando un golpe de Estado televisado como si fuese una final de la liga de fútbol de campeones. La llamada «revolución de los balcones» llevó al renacimiento de un sentimiento de españolidad que colgaba unas banderas de España en ventanas y balcones; unas banderas hasta ahora sólo libres del estigma de «facha» cuando se exhibían como corolario de una victoria deportiva. La «revolución de los balcones» ha traído consigo una mirada muy crítica al modelo de las autonomías. Una mirada que ahora comprueba diariamente que los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, etc) funcionan exactamente igual gobernados por la Administración general del Estado que por la Administración regional. Para mayor abundamiento, ahora el riesgo de desvío de fondos públicos para engrasar la maquinaria golpista se ha reducido extraordinariamente. El cuestionamiento del modelo autonómico era hasta hace poco un tema prohibido; un anatema. Ahora está muy cerca de convertirse en un clamor popular. Casi en el mismo tiempo y por razones bien diferentes, el sistema de pensiones ha vuelto a la arena política. Lo ha hecho de la mano de colectivos no politizados (igual que la «revolución de los balcones»), pero de inmediato ha sido casi engullido por los partidos políticos.

La novedad es que las demandas de los pensionistas son de un inusitado pragmatismo. No son reivindicaciones de largo plazo que se prestan a la dinámica electoral de primero cambiamos de gobierno, luego cambiaremos las leyes, etc. No se prestan porque quienes prometen los cambios son, en no poca medida, los mismos que –con buen criterio, en mi opinión– convirtieron a las pensiones en política de Estado a través del Pacto de Toledo. El pragmatismo de los pensionistas casa muy bien con el de quienes ven que los servicios públicos siguen funcionando cuando los gestiona la Administración general que cuando lo hace la regional. Casa además con el de quienes pensamos que la educación debería engrosar la lista de materias de Estado y que, bajo ningún concepto, puede estar en manos de los sembradores de odio. Probablemente España sea el único país del mundo donde cualquier familia puede acudir al Defensor del Menor o a la Fiscalía para denunciar un delito de acoso escolar, pero está casi indefensa si quiere proteger a sus hijos de la educación en el odio al resto de los españoles. Hasta ahora la actuación judicial ante las denuncias de maestros que estigmatizaron a alumnos de sus clases por ser hijos de guardias civiles está siendo muy poco eficaz. La elección entre autonomías o pensiones es un resumen refractario a los muchos matices que cabría hacer. Con las cosas de comer caben pocas fruslerías. Es un debate muy dicotómico: o se llega a fin de mes o no se llega. O hay dinero para mi pensión o no lo hay para otros dispendios. Carece de sentido seguir pensando que garantizar derechos fundamentales como la educación o la seguridad desde la Administración general del Estado es una reivindicación trasnochada. Se puede estar de acuerdo o no, pero es tan legítimo como quien quiere llegar a fin de mes con la pensión por la que cotizó durante casi siete décadas. Como quienes no estamos dispuestos a aceptar que se siga educando en el odio al resto de españoles desde las escuelas.