Profesores interinos pedirán la suspensión de las oposiciones previstas para verano

Junio se vislumbra como el mes más propicio para celebrar las oposiciones de profesores anunciadas por la Junta. La convocatoria no es oficial aún, pero ya se ha entregado a los sindicatos el borrador donde se recogen las 5.321 plazas –4.229 de ellas para Secundaria–. O podrían no celebrarse si prospera la demanda que prepara la Asociación nacional de Interinos y Laborales (ANIL), en la que pedirá su paralización cautelar por «el perjuicio» que supone para quienes llevan años contratados en institutos públicos con contratos temporales.

Desde Cádiz, su presidente, el abogado Manuel Martos, está liderando la ofensiva contra «el abuso» de las administraciones públicas. En Zaragoza, una juez mantiene paralizada cautelarmente la oferta de empleo del Ayuntamiento. La asociación ha iniciado el mismo procedimiento en Aragón, Madrid, Cantabria, Asturias, Valencia y Baleares; le seguirán Canarias y Extremadura.

«La Ley de Presupuestos del Estado autoriza una tasa de estabilización que se fijó en el Acuerdo del 29 de marzo», explica Martos. Se refiere al documento que suscribieron los sindicatos mayoritarios CC OO, UGT y CSIF para reducir el porcentaje de contratados temporales en las administraciones públicas al 8%. El abogado considera que con la oferta de empleo «se reconoce que solo en Andalucía hay tres mil profesores que de facto están contratados en fraude». Esos tres mil puestos a los que alude corresponden al cálculo realizado por la Junta en el decreto aprobado en diciembre pasado y son la mitad de las seis mil plazas de profesorado funcionario que faltarían –las otras tres mil se posponen a 2020, según figura en dicho texto–.

El decreto señala también que en todo el sector docente podrían estabilizarse 12.603 plazas, que se irán fraccionando hasta ese horizonte temporal –incluye el 90% de las que se hayan ocupado temporalmente tres años seguidos desde 2016–. La Junta se excusa en la limitación para cubrir jubilaciones y bajas impuesta en 2012 por el Gobierno central, pero lo cierto es que hay miles de profesores que sufren desde hace años –hasta más de veinte– esta circunstancia, enganchando un contrato tras otro en función de las necesidades de la Consejería de Educación.

«No es una estabilización porque no reconocen ningún derecho adquirido a quienes ya estaban trabajando ahí. Al no contemplarse ningún tipo de mérito y al estar impugnado el artículo 19 del Acuerdo de forma indirecta en el Supremo, se ha acordado impugnar la convocatoria», concluye Martos, quien avisa de que «el mismo fraude se está produciendo en sanidad y en justicia».

Macrodemanda contra educación de centenares de docentes

Rozan los trescientos y se han unido para afrontar una batalla común: convertirse en plantilla estable de la Junta. Profesores interinos de toda Andalucía están elaborando una demanda colectiva donde reclamarán a la Consejería de Educación ese derecho, al acumular más de tres años con contratos temporales enlazados unos con otros. En términos jurídicos, adquirirían el estatus de «trabajador laboral indefinido no fijo» y no podrán ser despedidos hasta que su plaza en concreto salga a concurso público.

Es otro de los frentes judiciales que la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) prevé abrir pronto. Algunos ya han iniciado el camino en solitario ante juzgados de lo Social. El presidente de la asociación, Manuel Martos, avanza que tienen señalado un juicio para dentro de diez meses, en enero de 2019, donde una profesora interina reclama tanto la estabilización de su puesto como las indemnizaciones que no recibió por los sucesivos ceses de su contrato. A final de agosto era despedida para ser contratada al empezar el nuevo curso. Martos considera que las administraciones, no solo la andaluza, llevan años actuando de manera «irregular e ilegal» con estos trabajadores, algo que, asegura, contraviene tanto el Estatuto de los Trabajadores como la directiva europea sobre el trabajo de duración determinada. De hecho, tribunales superiores y el de la propia Unión Europea se han pronunciado a favor de los empleados en este sentido, otorgándoles la citada categoría de personal «indefinido no fijo».

La ANIL aglutina actualmente en toda España a 1.400 asociados. Tiene pendiente la resolución por parte del Tribunal Supremo de la impugnación del pacto suscrito en marzo pasado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos mayoritarios para una gran oferta de empleo público que aminore el 24% de trabajadores eventuales que soporta las administraciones. Martos ha criticado siempre que el acuerdo encubre un expediente de regulación que además podría salir gratis a los gobiernos estatal y autonómicos precisamente porque no reconoce derecho alguno a los profesionales que desempeñan tareas de funcionario. Su objetivo es que la rescisión de los contratos conlleve una indemnización por despido. Entonces estaríamos hablando de una cantidad global que superaría las siete cifras.